La administración de las rutas nacionales en Argentina atraviesa un cambio de paradigma obligado por los resultados de su gestión estatal. Un documento oficial de la SIGEN puso bajo la lupa el funcionamiento de Corredores Viales S.A. durante el año 2022, detectando un esquema de "desmanejo" que hoy sustenta tanto una denuncia penal como el proceso de disolución definitiva de la compañía, según publicó Infobae.
Bajo la gestión del gobierno anterior, la empresa estatal —que opera casi 6.000 kilómetros de rutas— duplicó su déficit operativo en solo doce meses. A pesar de un incremento del 17% en el flujo vehicular, los ingresos cayeron drásticamente, lo que obligó al Tesoro Nacional a inyectar más de $14.000 millones para sostener una estructura con más de 4.000 empleados.
Auditorías
El análisis de los órganos de control resultó categórico. En siete auditorías diferentes, la SIGEN identificó debilidades estructurales en los sistemas de control interno. Las irregularidades se centraron en:
- Circuitos de contratación: Opacidad en la selección de proveedores y ejecución de compras.
- Gestión de recursos humanos: Una planta de personal con funciones poco claras y gastos excesivos en viáticos.
- Tecnología obsoleta: Demoras críticas en la modernización de los sistemas de peaje, en parte por las restricciones a las importaciones que rigieron durante ese período.
Estas conclusiones derivaron en una intervención judicial a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien investiga presuntas maniobras delictivas dentro de la compañía.
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), las críticas hacia la entidad fueron constantes. Su director, Jorge Zatloukal, calificó a Corredores Viales como una "estructura paralela e ineficiente" respecto a la histórica Dirección Nacional de Vialidad. Según el especialista, el esquema de peajes se volvió inviable al no garantizar el mantenimiento básico de las rutas: "El 70% de la red vial está en condiciones pésimas; el peaje no puede servir solo para cortar el pasto".
El camino hacia la privatización total
Frente a este escenario de quebranto económico, el gobierno de Javier Milei dispuso la intervención de la sociedad y publicó el Decreto 97/2025, que pone en marcha la privatización total de la firma. El plan oficial se divide en etapas claras:
- Intervención y relevamiento: Realización de auditorías integrales para evaluar el estado real de los activos.
- Licitación pública: Concesión de los tramos viales a operadores privados mediante la plataforma CONTRAT.AR, bajo el régimen de la Ley 17.520.
- Disolución de la empresa: Una vez adjudicadas las rutas, la estructura estatal Corredores Viales S.A. dejará de existir.
El objetivo del Poder Ejecutivo es doble: eliminar el drenaje de recursos públicos y atraer inversión privada que revierta el mal estado de la red vial nacional.
