El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina entró en una fase de definiciones tras un pacto clave sellado en el Palacio Legislativo, según informó Clarín. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezó una reunión con los jefes de los bloques aliados en la que se acordó reflotar el dictamen de 2025, el cual establece el nuevo piso de punibilidad en los 14 años, en lugar de los 13 que pretendía inicialmente el Poder Ejecutivo.
Este retroceso estratégico del oficialismo destrabó el camino legislativo. El bloque libertario buscaba imponer la versión original impulsada por el Ministerio de Seguridad, pero la resistencia de la UCR y el PRO —quienes ya habían consensuado el límite de 14 años en comisiones el año pasado— obligó a una revisión de la propuesta para garantizar los votos necesarios en el recinto.
Hoja de ruta y financiamiento provincial
La agenda de trabajo comenzará el próximo martes con la constitución de las comisiones de Justicia y de Familia. El cronograma previsto es ambicioso:
- Martes: Reunión constitutiva de comisiones.
- Miércoles: Plenario para la firma del dictamen de mayoría.
- Jueves 12 de febrero: Sesión especial en el recinto para tratar la media sanción.
Un punto fundamental para aceitar el acuerdo fue la inclusión de un artículo específico sobre el financiamiento. Los gobernadores provinciales habían expresado su preocupación por los costos que demandará la infraestructura del nuevo sistema de rehabilitación. Ante esto, el Gobierno accedió a dar precisiones sobre las partidas presupuestarias, que ya no quedarán sujetas a la discrecionalidad total de la Jefatura de Gabinete.
Penas máximas y enfoque de rehabilitación
La reforma contempla una condena máxima de 15 años de prisión, reservada exclusivamente para delitos de extrema gravedad como homicidios, abusos sexuales o secuestros. No obstante, el espíritu del proyecto prioriza un sistema de sanciones progresivas. Los legisladores subrayaron que la privación de la libertad funcionará como un "último recurso". Previamente, el sistema aplicará penas alternativas como:
- Tareas de servicio comunitario.
- Reparación económica o simbólica del daño causado.
- Prohibición de acercamiento a las víctimas.
Más allá del Régimen Penal Juvenil, el oficialismo busca retomar el ritmo legislativo con otros proyectos de alto impacto. En paralelo, se prepara el terreno para debatir la reforma laboral en el Senado y la modificación de la Ley de Glaciares. La reunión de este miércoles contó con la presencia de figuras clave como Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot.
