Una patota integrada por unas 20 personas irrumpió a los gritos en el edificio de los Tribunales, logró sortear la seguridad inicial y llegó hasta la mesa de entradas del Juzgado de Garantías N° 5. El blanco del ataque fue el juez Nicolás Schiavo, blanco de amenazas por su intervención en causas recientes contra el narcotráfico local.
Ante la inminencia de la agresión, los empleados del juzgado improvisaron barricadas con muebles y trabaron las escaleras para proteger su integridad física. No obstante, los atacantes rompieron ventanales y accedieron al primer piso, donde funcionan otras tres dependencias judiciales, lo que sembró el pánico entre trabajadores y ciudadanos que realizaban trámites en el lugar.
El móvil del ataque
Fuentes de la investigación vinculan este asalto a una banda de narcomenudeo que opera en Villa Maipú. La semana pasada, un procedimiento policial en dicha zona resultó en la detención de seis hombres y tres menores, además del secuestro de armas de fuego y estupefacientes. La banda buscaría, mediante la intimidación directa al juez Schiavo, condicionar el avance de la causa y "recuperar" el terreno perdido tras los allanamientos.
El camarista Sergio Pilarche advirtió sobre la gravedad de la situación en diálogo con la prensa: "Tuvimos suerte de que no pasó a mayores, pero la criminalidad en la jurisdicción es grave y la situación que se vive es de extrema violencia". El magistrado también subrayó la falta de personal policial suficiente para custodiar edificios donde circulan personas con intenciones desconocidas.
Repudio institucional y reclamo por seguridad
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un duro comunicado donde calificó el hecho como una exposición inaceptable de la vulnerabilidad de los trabajadores. Según la entidad, estos episodios reflejan un "problema estructural" que demanda una respuesta coordinada de los tres poderes del Estado.
Los puntos clave del reclamo judicial incluyen:
- Refuerzo de custodia: Incremento de la presencia policial permanente en juzgados penales, civiles y comerciales.
- Infraestructura segura: Mejora en los accesos y sistemas de monitoreo para prevenir intrusiones violentas.
- Independencia judicial: Garantías reales para que los jueces puedan fallar contra el crimen organizado sin temor a represalias físicas en sus propios despachos.
