En la antesala de la sesión clave en el Senado prevista para el 11 de febrero, el Poder Ejecutivo evalúa una modificación de último momento en el texto de la reforma laboral. El eje del conflicto es el artículo 35, el cual habilita a las empresas a pagar remuneraciones a través de Proveedores de Servicios de Pago (PSP) o billeteras virtuales, una iniciativa que hoy genera fuertes resistencias en la mesa chica de Balcarce 50, según informó TN.
Aunque el proyecto original busca modernizar el sistema y ofrecer más libertad a los trabajadores, la cúpula económica del Gobierno —encabezada por Luis Caputo y Santiago Bausili— planteó reparos estratégicos. La preocupación central radica en la capacidad de fondeo del sistema financiero tradicional: los depósitos de haberes en cuentas bancarias son el motor que permite a las entidades otorgar préstamos a personas y empresas.
Los argumentos contra las billeteras virtuales
Las objeciones dentro del oficialismo no son solo de mercado, sino también operativas. Quienes proponen excluir el artículo destacan tres puntos fundamentales:
- Capacidad de crédito: La salida de fondos del sistema bancario hacia las PSP restaría liquidez para la reactivación del mercado crediticio.
- Marcos de control: Existe temor sobre los riesgos de supervisión. Algunos sectores mencionan casos recientes de irregularidades en financieras como un ejemplo de los peligros de ampliar el universo de entidades pagadoras sin controles bancarios estrictos.
- Supervisión del BCRA: Los bancos argumentan que compiten bajo regulaciones mucho más severas que las fintech, lo que crearía una asimetría regulatoria peligrosa.
Reglamentación restrictiva: el "plan B"
Pese a las presiones de las entidades financieras, un sector del Gobierno todavía aboga por mantener el artículo bajo la premisa de la libertad de elección del trabajador. No obstante, si la iniciativa sobrevive a la discusión en el Senado, el Ejecutivo ya prepara una reglamentación "muy restrictiva".
Esta alternativa contempla limitar el número de actores habilitados para operar pagos de nómina y fijar exigencias de capital y cumplimiento adicionales para igualar el terreno con los bancos comerciales.
La Casa Rosada asegura que ya cuenta con el aval de más de 40 senadores para el cuerpo general de la reforma. Sin embargo, el capítulo laboral no es el único foco de conflicto; la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades también genera tensiones con gobernadores aliados.
