La batalla judicial por el préstamo de 57.100 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 sumó un capítulo de alta tensión. El fiscal federal Franco Picardi presentó un recurso de apelación contra el fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien esta semana dispuso el archivo de las actuaciones por considerar que los hechos no constituyen delito.
Picardi no solo solicitó que se reabra la investigación, sino que subió la apuesta institucional: sostuvo que la pesquisa cuenta con elementos suficientes para citar a declaración indagatoria a Mauricio Macri y a gran parte de su equipo económico. Entre los señalados aparecen Luis Caputo, actual ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, quienes presidieron el Banco Central durante el periodo bajo la lupa.
La acusación
En su dictamen, el fiscal fue tajante al describir lo que considera una "plataforma criminal acreditada". Según Picardi, los exfuncionarios vulneraron normas constitucionales y procedimientos administrativos básicos para acceder a un crédito que, a su criterio, ya se sabía insostenible. El fiscal sostiene que se ignoraron controles previos y dictámenes técnicos obligatorios que garantizan la solvencia del Estado ante este tipo de deudas.
"No solo la deuda se sabía insostenible, sino que las personas involucradas incumplieron la Constitución Nacional y las leyes que regulan el funcionamiento de la administración pública", remarcó el fiscal en su escrito. Para la fiscalía, la jueza Capuchetti ignoró de forma "deliberada" informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la SIGEN, los cuales estiman un perjuicio al erario público superior a los 29.000 millones de dólares.
El rol del actual Gobierno y el retiro de la querella
La apelación del fiscal ocurre apenas 24 horas después de un movimiento estratégico de la Casa Rosada. A través de un decreto en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei retiró a la Procuración del Tesoro como querellante en la causa. Esta querella se había iniciado en 2021 bajo la gestión de Alberto Fernández con el objetivo de impulsar la investigación contra los funcionarios del macrismo.
Al retirarse el Estado como parte acusadora, el impulso del expediente quedó exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal. Ahora, la Cámara Federal tendrá la responsabilidad de definir el futuro del caso: confirmar el archivo definitivo o dar lugar a los reclamos de Picardi para avanzar con las indagatorias.
Los puntos clave de la investigación
La fiscalía busca profundizar en dos ejes centrales:
- Abuso de autoridad: El presunto incumplimiento de las leyes que establecen quiénes deben intervenir en la firma de créditos internacionales.
- Fuga de capitales: La posible administración fraudulenta ante el desvío de parte de los fondos del FMI hacia sectores privados, mediante transferencias autorizadas por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda que no formaban parte del propósito original del acuerdo.
Mientras la magistrada Capuchetti sostiene que el acuerdo fue una "cuestión política no judiciable", Picardi insiste en que las decisiones de gobierno deben rendir cuentas si vulneran el marco legal vigente.
