El magistrado Sebastián Casanello procesó, sin prisión preventiva, a Diego Spagnuolo, extitular del organismo, bajo los cargos de negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y defraudación agravada. La medida incluye un embargo de 200 millones de pesos sobre los bienes del exfuncionario.
El fallo de Casanello describe un "entramado de corrupción institucional" donde funcionarios de máxima jerarquía y operadores externos actuaron de forma mancomunada. Según el juez, la ANDIS fue empleada como una vía de enriquecimiento personal, con un manejo de las compras públicas que privilegió el lucro privado por encima del cuidado de las personas con discapacidad.
El procesamiento alcanza también a figuras clave como el exfuncionario Diego Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete, junto a su hija Ornella Calvete. Para la Justicia, Calvete habría traficado influencias para favorecer a empresas interesadas en contratar con la Agencia. El magistrado advirtió que la lógica de "intermediación, privilegios y sobreprecios" se extendió por diversas áreas del organismo, bajo un esquema de gestión alejado de toda transparencia.
El origen de la causa: los audios filtrados
La investigación judicial se precipitó tras la viralización de una serie de audios en agosto del año pasado. En esas grabaciones, se escucha una voz atribuida a Spagnuolo que denuncia un sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos de alto costo. En los registros, el entonces funcionario menciona un presunto esquema de recaudación que involucraba a figuras del entorno presidencial y a una conocida droguería.
En los audios, Spagnuolo se quejaba de que la agencia sufría un "desfalco" a sus espaldas y afirmaba que el propio presidente Javier Milei estaba al tanto de las irregularidades. "Fui y le dije: 'Javier, estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita'", se lee en la transcripción de las grabaciones que forman parte de la prueba documental.
La causa puso el foco en la operatoria con medicamentos que gozan de descuentos especiales. Según la denuncia original, se orquestó una maniobra para que determinadas droguerías obtuvieran una rentabilidad mayor mediante la asignación discrecional de contratos. Spagnuolo calificó estas prácticas en los audios como un "kiosco de 20.000 o 30.000 dólares por mes".
