La ejecución de la condena de Cristina Kirchner vuelve a generar controversia en los tribunales federales. Sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un nuevo recurso para eliminar el uso de la tobillera electrónica y revertir las restricciones impuestas a su régimen de visitas y salidas a la terraza en su domicilio de la calle San José.
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, se opuso formalmente a estos beneficios. En su dictamen, recomendó mantener la vigencia de las condiciones fijadas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), al considerar que las medidas de control resultan proporcionales a la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
El debate por la seguridad y el riesgo de fuga
La defensa argumentó que el uso del dispositivo electrónico carece de sustento fáctico. Según el escrito judicial, la vigilancia policial permanente las 24 horas en la puerta del edificio hace "lisa y llanamente imposible" cualquier intento de evasión. Los abogados recordaron que la ex mandataria es una figura de público conocimiento y que ha cumplido estrictamente todas las normas desde que inició su arresto el 17 de junio de 2025.
En su favor, citaron un voto previo del juez Mariano Borinsky, quien en su momento consideró innecesaria la tobillera debido a la custodia oficial y al alto perfil de la condenada, lo que facilitaría su detección inmediata ante cualquier irregularidad. Sin embargo, la mayoría de la Sala IV ha rechazado planteos similares con anterioridad.
Restricciones a las visitas y el uso de la terraza
El conflicto sobre las condiciones de detención se agudizó tras la difusión de una fotografía de la ex presidenta junto a un grupo de economistas el año pasado. A raíz de ese episodio, el juez de ejecución Jorge Gorini limitó los encuentros a:
- Frecuencia: Dos días a la semana.
- Duración: Máximo de dos horas por jornada.
- Cantidad: No más de tres visitantes simultáneos.
Los abogados tildaron estas medidas de "castigo adicional y arbitrario". Asimismo, cuestionaron la limitación del acceso a la terraza del edificio a solo dos horas diarias, bajo el argumento de que no existe norma jurídica que faculte a los magistrados a regular el uso de espacios abiertos dentro de un domicilio bajo arresto.
Tras el dictamen del fiscal Villar, la resolución queda bajo la órbita de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. El tribunal deberá evaluar si el comportamiento de la ex presidenta durante su internación de urgencia este verano y su sujeción al proceso judicial justifican una relajación en los mecanismos de vigilancia o si, por el contrario, prevalece el criterio de control estricto que rige hasta hoy.
