La Cancillería argentina oficializó la renovación de un servicio de capacitación en idioma inglés para su personal diplomático, una prestación que la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) brinda al organismo desde el año 2018. El contrato, que asciende a 113 millones de pesos para el ciclo lectivo 2025, cobró relevancia pública debido a que la Directora Ejecutiva de la entidad educativa es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger.
Según publicó La Nación, ante la condición de Rouillet como persona políticamente expuesta (PEP), el proceso administrativo incluyó salvaguardas legales extraordinarias para garantizar la transparencia de la adjudicación.
Mecanismos de control
Para evitar conflictos de intereses, la Secretaría de Coordinación y Administración Exterior dio intervención a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Ambos organismos de control avalaron la operación tras la firma de un "Pacto de Integridad". Este documento compromete a las partes a no aceptar ni solicitar dádivas y asegura que el proceso cumpla con los estándares de ética pública.
La contratación se realizó mediante una "adjudicación simple por especialidad", un formato habitual para instituciones de trayectoria específica en la enseñanza de idiomas. El servicio abarca la formación de 132 agentes entre marzo y noviembre, e incluye talleres, cursos regulares y exámenes de nivelación.
El canciller Pablo Quirno defendió la legalidad del procedimiento a través de sus redes sociales. El funcionario sostuvo que no existe ninguna irregularidad y que, por el contrario, la activación de los protocolos de integridad demuestra un manejo correcto de los fondos públicos. "Cancillería contrata a la AACI desde 2018. En esta oportunidad, al ser la directora la esposa de Sturzenegger, se revisó todo bajo los procedimientos previstos", afirmó el jefe de la diplomacia.
Desde el entorno oficialista señalaron que el monto del contrato es el mismo que se acordó originalmente durante la gestión de Mauricio Macri, con las actualizaciones lógicas por inflación. Atribuyeron las críticas a una "operación política" vinculada al impulso de reformas estructurales por parte del ministro Sturzenegger.
Por el contrario, desde la oposición cuestionaron la adjudicación. La senadora Juliana Di Tullio calificó el contrato de forma irónica y anunció que realizará las denuncias correspondientes. Según la legisladora, resulta llamativo que se utilice la figura de "especialidad" para beneficiar a una entidad dirigida por la familia de un ministro en funciones.
