El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar de urgencia a su cuarto paro general contra la administración de Javier Milei. La medida de fuerza, que busca neutralizar la sanción definitiva de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, se concretará esta semana en coincidencia con el debate legislativo. La decisión marca el fin de la tregua de los sectores "dialoguistas" y anticipa un escenario de alta conflictividad social.
La huelga contará con un factor determinante para su efectividad: la adhesión total del transporte. Tras intensas gestiones, el triunvirato cegetista logró el compromiso de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, lo que garantiza que no habrá colectivos, trenes ni subtes en todo el territorio nacional.
El detonante
Aunque la cúpula sindical mantuvo canales de negociación abiertos para preservar las cuotas solidarias y las contribuciones a las obras sociales, un cambio de último momento en el Senado dinamitó los acuerdos, según publicó Infobae. Se trata del artículo 44, que establece una quita salarial para los trabajadores que sufran enfermedades o accidentes ajenos al trabajo:
- Recorte de haberes: El texto propone que el afectado perciba solo el 50% de su sueldo (con opción al 75% en casos específicos), en lugar del 100% que rige actualmente.
- Justificación oficial: Desde el bloque libertario, Patricia Bullrich defendió la medida como una herramienta para terminar con la "mafia de certificados truchos", aunque el Gobierno ya evalúa correcciones vía reglamentación para calmar el malestar.
- Reacción gremial: Para la CGT, este punto representa una vulneración directa de los derechos individuales y un retroceso sin precedentes en la protección del trabajo.
A diferencia de otras jornadas de protesta, la mayoría de la conducción optó por un paro seco sin movilización masiva al Congreso, con el objetivo de demostrar poder de fuego a través de la inactividad económica total. La propuesta de marchar, impulsada por sectores como Camioneros, la UOM y los Bancarios, fue descartada en favor de un esquema que prioriza el impacto del cese de actividades.
Sin embargo, el clima en las bases es efervescente. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y las dos CTA mantienen sus planes de movilización, lo que podría derivar en un esquema mixto de huelga y presencia callejera de los sectores más combativos.
La central obrera ya prepara el terreno para la batalla en los tribunales si la ley resulta sancionada. En un documento interno, la CGT advierte que la reforma es "contraria a la Constitución Nacional" y vulnera tratados internacionales. Los asesores legales de la calle Azopardo argumentan que:
- Principio de progresividad: La ley sería regresiva al cercenar derechos ya adquiridos.
- Falta de diálogo tripartito: La OIT exige que las reformas laborales se consensúen entre Estado, empresas y sindicatos, paso que la central denuncia como inexistente.
Además del recorte en las licencias, el rechazo sindical se extiende a las limitaciones al derecho de huelga en servicios esenciales, las modificaciones en el cálculo de indemnizaciones y las restricciones a las asambleas dentro de los lugares de trabajo.
