El próximo jueves 19 de febrero se llevará a cabo un paro general de 24 horas que ha generado preocupación en distintos sectores productivos del país. Esta medida coincide con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, que propone modificaciones en el sistema de indemnizaciones y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral.
Un análisis realizado por el Instituto de Economía de la UADE advierte que el impacto económico de un paro no puede calcularse simplemente dividiendo el Producto Bruto Interno (PBI) anual entre los días del año. En cambio, depende de variables como la capacidad de recuperación de la producción y el nivel de adhesión de los gremios, especialmente del transporte.
El antecedente del paro del 10 de abril de 2025 ilustra estas diferencias. En esa ocasión, los colectivos funcionaron con normalidad, lo que amortiguó la caída de la actividad económica. El costo estimado fue de 194 millones de dólares, equivalente al 6,4% del PBI diario. Sin embargo, si el transporte no hubiera operado, las pérdidas habrían alcanzado los 539 millones de dólares, casi tres veces más.
Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, explicó que un paro general suele implicar pérdidas entre 500 y 600 millones de dólares. Citando ejemplos previos, destacó que el paro del 9 de mayo de 2024 generó un costo de 544 millones, que representó un pico del 24,3% del PBI diario.
Para la huelga del 19 de febrero, la clave radica en la adhesión del transporte público, ya que los gremios anunciaron que se sumarán a la medida. Álvarez señaló: “El problema es cuando hay o cuando no hay colectivos. Por lo que estuve viendo, no va a haber colectivos, así que sí andará entre quinientos y seiscientos millones. Es más o menos lo que calculamos nosotros siempre, de pérdida de actividad en cada paro”.
La ausencia del transporte afectará la llegada de empleados a sus puestos, especialmente en sectores no sindicalizados, amplificando el impacto económico. La industria manufacturera y la construcción son los sectores que más contribuyen a la caída de la producción, enfrentando dificultades para retomar la actividad sin incurrir en costos adicionales en logística o energía.
El comercio minorista también sufrió efectos negativos, aunque posee mayor capacidad de recuperación en comparación con otros servicios. Álvarez agregó: “Cambia mucho cuando hay colectivos, que ahí, más o menos, baja hasta los doscientos millones de dólares, porque la gente sale a trabajar igual”.
Un factor central en el análisis es la recuperabilidad, que mide qué porcentaje de la producción perdida se puede recuperar después del paro. En el paro de mayo de 2024, sólo se recuperó el 20,1% de lo perdido, evidenciando un impacto duradero.
En cambio, para el paro de abril del año pasado, la recuperación superó el 60%. Sectores como hoteles y restaurantes no recuperan el consumo perdido, ya que se trata de una demanda irrecuperable.
Además, la administración pública, la educación y los servicios de salud también sufren pérdidas directas durante las jornadas de huelga, lo que afecta la competitividad y la recaudación fiscal. El paro del 19 de febrero se perfila como uno de alto impacto, con una pérdida estimada cercana a los 600 millones de dólares en solo un día, debido a la paralización total del transporte público.
