El episodio, registrado con un celular y viralizado en redes sociales, generó una rápida reacción oficial. El Ministerio de Capital Humano solicitó la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen los hechos como posibles delitos de acción pública.
La presentación incluyó un pedido de medidas de protección urgentes para preservar la salud y la integridad física de la niña. En paralelo, se notificó al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de Buenos Aires y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de identificar tanto a la menor como a la adulta implicada y activar protocolos de protección integral.
Marco legal y compromiso estatal
La denuncia se fundamentó en la Ley 26.061, que consagra el principio del interés superior del niño y obliga al Estado a garantizar el ejercicio pleno y permanente de los derechos de la infancia. El ministerio subrayó la necesidad de respuestas rápidas y coordinadas entre jurisdicciones para evitar dilaciones en casos de vulneración manifiesta de derechos.
El caso reavivó el debate sobre los riesgos de la exposición de menores al alcohol. Los especialistas advierten que la intoxicación en niños es mucho más peligrosa que en adultos, debido a su menor peso corporal y al desarrollo incompleto del cerebro.
Un estudio longitudinal realizado en Australia por el National Drug and Alcohol Research Centre, publicado en la revista Addiction, muestra que los adolescentes que comienzan a beber a los 12 años tienen un 73% más de probabilidades de sufrir daños relacionados con el alcohol a los 20 años, en comparación con quienes inician a los 18. La investigación confirma que cuanto más temprana es la edad de inicio, mayor es el riesgo a futuro.
