La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial tras la citación a indagatoria de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por parte del juez penal en lo económico Diego Amarante, en el marco de la causa que investiga la retención indebida de aportes y el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025. El magistrado hizo lugar a un pedido de la querella de ARCA y convocó a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo, mientras que el tesorero Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes. La citación abarca a la totalidad de la comisión directiva y además se les prohibió la salida del país.
En el texto, titulado “La única verdad es la realidad”, la AFA sostiene que bajo la actual gestión logró revertir acuerdos económicos históricos que favorecían a agentes y terceros, recuperando la mayoría de los ingresos por los derechos de su mayor activo, la selección argentina. La dirigencia resalta que esta transformación, iniciada con la asunción de la nueva conducción en 2017, implicó la revalorización de sus activos y la renegociación de contratos con socios comerciales, sponsors y agentes que desde hacía años explotaban derechos cedidos hasta 2030 bajo condiciones desfavorables para la entidad.
El comunicado en detalle
El comunicado detalla que, en el pasado, los contratos permitían que hasta un 70% de los ingresos generados por la cesión de derechos, incluidos los del seleccionado nacional, quedara en manos de intermediarios, relegando a la AFA a solo el 30%.
El documento menciona que, bajo estos acuerdos, algunas empresas y personas recibieron porcentajes que oscilaron entre el 35% y el 65% de los réditos: el agente ISL obtenía el 55% de los ingresos mientras que la asociación sólo el 45%, Santa Mónica recibía el 50%, y el representante Guillermo Tofoni, asociado a un tenedor de derechos sobre los partidos amistosos internacionales, accedía a un 35% y su socio al 65%, quedando la AFA con apenas una suma fija de USD 1.000.000 por partido.
La dirigencia resalta que, en la actualidad, la relación se ha invertido y la AFA percibe ahora el 70%, siendo los socios comerciales quienes acceden al 30%. Subrayan que este avance no solo mejora el flujo de ingresos hacia la institución, sino que también fortalece el control sobre su principal patrimonio.
El documento también explica la resistencia de quienes, ante la pérdida de esos privilegios, buscan recuperar sus viejas prerrogativas económicas, incluso apelando al desgaste institucional. La AFA denuncia que ciertas personas y empresas insisten en “causar el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización” para forzar una nueva negociación que restaure sus beneficios.
La entidad rechaza la caracterización de quienes participaron de los anteriores esquemas de distribución como “Robin Hood”, aclarando que “se trata de una manera más de hacer negocios particulares”. El mensaje concluye solicitando que la sociedad reciba información “seria, responsable y comprobada”, y advierte que las operaciones de desinformación quedan expuestas con el tiempo.
