Un escalofriante plan de sicariato, diseñado desde el interior de una cárcel argentina, salió a la luz tras la revelación de un informante. Según reveló Infobae, la trama apunta contra la cúpula judicial y de seguridad de la provincia de Entre Ríos: el fiscal federal Ignacio Candioti, el juez Leandro Ríos y el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia.
El autor intelectual de la maniobra sería Leonardo Airaldi, un poderoso capo narco con base en Diamante y expresidente de la Sociedad Rural de esa localidad. Airaldi, de 44 años, permanece alojado en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú a la espera de un juicio oral por dos causas de narcotráfico que involucran el tráfico de cocaína en Santa Fe y Entre Ríos.
El plan
La confesión del testigo, brindada ante el fiscal federal Pedro Rebollo, detalla una logística propia de las organizaciones criminales internacionales:
- El sicario: La banda habría contactado a un asesino a sueldo de nacionalidad uruguaya.
- El pago: Se acordó una suma de 40.000 dólares por los asesinatos de Candioti y Ríos.
- El lugar: Los crímenes debían ocurrir en Punta del Este, Uruguay, durante el receso vacacional de los funcionarios.
- El método: El plan incluía el uso de dos vehículos y un recipiente con cal viva para desaparecer los restos orgánicos de las víctimas en poco tiempo.
Respecto al ministro Roncaglia, el ataque se planificó para el territorio argentino, específicamente durante sus traslados en motocicleta cerca de la ciudad de Paraná. Según el relato, el precio por la vida del ministro era superior debido a la mayor complejidad operativa de ejecutar el crimen en el país.
El motivo
La ira de Airaldi radicaría en el avance de las causas en su contra. El detenido habría manifestado que el juez Ríos "le inventó una causa" y que el fiscal Candioti tendría "todo arreglado" para asegurar una condena de 15 años de prisión en el juicio que inicia el próximo martes 24 en Paraná.
Cabe destacar que Néstor Roncaglia, antes de su rol ministerial, lideró la Policía Federal Argentina y la división de Drogas Peligrosas, áreas que resultaron clave para desarticular las bandas que operaban en la región.
Tras recibir el testimonio, el juez federal Hernán Viri ordenó un allanamiento de urgencia en la Unidad Penal 9. El operativo, ejecutado el pasado viernes por el Escuadrón 56 de la Gendarmería Nacional, arrojó resultados significativos: se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, cocaína y documentación de interés para la causa.
La gravedad de la amenaza obligó a las autoridades a disponer un esquema especial de protección para los tres funcionarios y sus grupos familiares.
