La figura de Rosalinda González Valencia vuelve a ocupar el centro de la escena tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el histórico líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su fallecimiento provocó una ola de violencia en al menos nueve estados de México, con bloqueos, incendios y enfrentamientos que dejaron un saldo de al menos 14 muertos y 45 detenidos.
En medio del reacomodo interno de la organización criminal, todas las miradas apuntan a González Valencia, conocida dentro del cartel como “La jefa”, quien fue liberada recientemente “por buena conducta” tras cumplir la mayor parte de su condena por lavado de dinero.
Nacida en 1963 en Aguililla, en el estado de Michoacán, su entorno familiar estuvo marcado desde temprano por vínculos con el crimen organizado. Varios de sus hermanos integran Los Cuinis, señalado como el brazo financiero del CJNG y responsable de operaciones de lavado de activos en México, América Latina y Europa.
Rosalinda conoció a “El Mencho” en California y contrajo matrimonio con él durante la década de 1990. La pareja tuvo tres hijos: Jessica Johana, Rubén —conocido como “El Menchito”— y Laisha Michelle. Rubén fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
De acuerdo con investigaciones judiciales y policiales, González Valencia no solo fue la esposa del capo, sino que desempeñó un papel central en la administración de los recursos económicos del cartel. Su influencia en la estructura financiera de la organización le valió el apodo de “La jefa”.
Detenciones, condena y liberación
La primera detención de González Valencia se produjo en mayo de 2018 en Zapopan, en el estado de Jalisco. En ese momento, fue acusada de administrar fondos del CJNG, aunque el proceso judicial avanzó únicamente por el delito de lavado de dinero. Tras permanecer en prisión preventiva, recuperó la libertad luego de pagar una fianza de 1,5 millones de pesos.
Sin embargo, en 2021 fue arrestada nuevamente durante un operativo conjunto del Ejército mexicano, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. Posteriormente, fue trasladada al penal federal femenino número 16, ubicado en Coatlán del Río, en el estado de Morelos.
En 2023, la Justicia la condenó a cinco años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita. No obstante, en enero de 2025 su defensa solicitó el beneficio de la libertad anticipada, al argumentar que había cumplido más del 60% de la pena.
Finalmente, el 29 de enero, la jueza federal Perla Fabiola Ayala ordenó su liberación inmediata “por buena conducta” y tras haber pasado casi cuatro años detenida.
