La Inspección General de Justicia (IGJ) formalizó este mediodía un pedido ante el Ministerio de Justicia de la Nación para designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida, firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, surge tras la detección de inconsistencias y la supuesta negativa de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia a entregar documentación financiera clave.
A diferencia de una intervención directa, la figura de la veeduría otorga facultades para compulsar libros, registros contables y documentación interna sin desplazar a las autoridades actuales. El objetivo central de la resolución es obtener información que, según el organismo, fue ocultada de manera reiterada por la dirigencia del fútbol argentino.
Los tres ejes de la inspección
La auditoría propuesta por la IGJ se divide en tres áreas críticas que podrían comprometer la gestión de Tapia:
- Estados Contables 2025: Los veedores deberán realizar un examen detallado de las cuentas cerradas al 30 de junio de ese año. La inspección incluye la verificación del cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, así como la consistencia de las partidas presupuestarias.
- El proyecto UNAFA: La creación de la Universidad de la AFA está bajo la lupa. La IGJ busca rastrear el origen de los fondos para la adquisición de inmuebles, equipamiento y la contratación de personal directivo. El organismo exige transparencia sobre la trazabilidad de los recursos invertidos en esta expansión académica.
- Vínculos con sociedades externas: La resolución pone especial énfasis en las relaciones comerciales con la firma TourProdEnter LLC y el Grupo Sur Finanzas. Los inspectores investigarán el flujo de divisas, las remesas internacionales y los montos percibidos por derechos de comercialización, con el fin de reconstruir la arquitectura financiera de estos acuerdos.
El conflicto sumó un capítulo técnico clave: el intento de la AFA de mudar su domicilio social a la provincia de Buenos Aires. La IGJ rechazó esta pretensión al calificar como "falsa" la sede declarada en territorio bonaerense. "La AFA no ha mudado su domicilio real y mantiene su sede en la calle Viamonte 1366", sostiene el fallo del organismo de control.
Esta disputa define quién ejerce el poder de fiscalización. Si el traslado se hubiera concretado, la AFA habría salido de la órbita de la IGJ para quedar bajo el control de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Al confirmarse la jurisdicción porteña, el Gobierno Nacional retiene la facultad de inspección total sobre la asociación civil.
Desde el Ministerio de Justicia subrayaron que esta medida no implica un prejuzgamiento ni una sanción previa, sino el ejercicio regular de las funciones de supervisión estatal. "En la nueva Argentina no hay privilegios. Todas las asociaciones civiles deben acatar sus obligaciones legales", afirmó Vítolo en un comunicado oficial.
