La jornada legislativa de este jueves se vio empañada por incidentes en las puertas del Palacio del Congreso. Mientras el Senado se disponía a debatir la polémica reforma de la Ley de Glaciares, una manifestación ambientalista derivó en un violento enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los presentes, dejando un saldo de 12 activistas y un trabajador de prensa detenidos.
Los disturbios comenzaron cuando integrantes de la organización Greenpeace traspasaron las rejas del edificio y se instalaron en las escalinatas principales. Como parte de una protesta simbólica, los manifestantes se sentaron sobre inodoros bajo la consigna de que la reforma "desecha" la protección ambiental. La intervención de la Policía Federal para desalojar el lugar desató una escalada de violencia que alcanzó a los equipos periodísticos que cubrían el evento.
Ataque a la prensa y detención de un camarógrafo
Uno de los momentos más críticos se vivió cuando los efectivos policiales utilizaron gas pimienta contra los cronistas y camarógrafos que registraban el operativo. En medio del caos, Facundo Tedeschini, camarógrafo de América TV, fue rodeado por los agentes y trasladado por la fuerza.
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El registro: Las imágenes captadas en vivo muestran a Tedeschini con el rostro ensangrentado tras haber sido empujado mientras intentaba resguardar su equipo de trabajo.
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Agresiones a otros medios: Un trabajador de la señal TN denunció que la policía le arrebató su teléfono celular mientras filmaba, a pesar de haberse identificado correctamente como miembro de la prensa. El dispositivo recién fue recuperado tras la mediación de voceros de la organización ecologista.
La polémica Ley de Glaciares
El rechazo de las organizaciones ambientales radica en que el proyecto impulsado por el oficialismo busca modificar la normativa sancionada en 2010, la cual prohíbe taxativamente la actividad extractiva (como la minería y la explotación petrolera) en zonas de glaciares y áreas periglaciares.
Desde Greenpeace, la especialista Agostina Rossi Serra advirtió sobre las consecuencias de flexibilizar estos estándares: "Reducir la protección compromete la seguridad hídrica de más de 7 millones de personas. El agua es un derecho y no puede ser moneda de cambio en una reforma que ignora la crisis climática".
La sesión continúa bajo un clima de máxima presión externa. Mientras el oficialismo busca la media sanción para lo que considera una adecuación necesaria para el desarrollo productivo, la oposición y los grupos civiles denuncian un "retroceso peligroso" que vulnera tratados internacionales de protección ambiental.
