La guerra entre la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno sigue escalando y sumó un nuevo capítulo luego de la respuesta que llegó desde la calle Viamonte a la advertencia de la Inspección General de Justicia, que le había solicitado al Ministerio de Justicia la designación de veedores para poder tener acceso a información contable y financiera.

Mediante un comunicado que contiene siete puntos, lleva la firma de Claudio "Chiqui" Tapia y se titula "nuestra respuesta", la AFA volvió a desafiar al Gobierno y advirtió que no se someterá a ninguna "veeduría ilegítima", a la que calificaron de estar fundada en "hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”.

Qué dice el comunicado de la AFA

En primer lugar, el extenso texto asegura que "si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho. Y si es un capricho, lo único grave aquí es la utilización política de un organismo de control".

Por otra parte, el comunicado expresa: "La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley. Por eso, en las próximas horas presentaremos las presentaciones judiciales correspondientes para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich. Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto".

"El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas", añade en otro de sus párrafos.

Al finalizar el mensaje, desde la entidad se preguntan: "Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de "graves irregularidades" si, según sus propios términos, solo está recolectando información?".

Y el texto culmina con una chicana: "La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial", cierra el comunicado que lleva la firma de Tapia.