El Senado de la Nación Argentina entró en la recta final del debate por la reforma de la Ley de Glaciares, en una jornada marcada por fuertes cruces políticos, advertencias ambientales y una votación que se anticipa ajustada.
Ese tratado, que se negoció durante 26 años, fue sancionado con 69 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Ahora, el Gobierno deberá reglamentarlo y publicarlo en el Boletín Oficial. Sin embargo, el foco político se trasladó rápidamente al tratamiento de la ley que regula la actividad en zonas glaciares y periglaciares, donde el oficialismo busca avanzar con una norma aclaratoria que promueva inversiones, especialmente en el sector minero.
El Senado dio la media sanción en general a la Ley de Glaciares
Tras aprobar en general la reforma de la Ley de Glaciares, el Senado avanzó con la votación en particular de sus artículos. La iniciativa obtuvo media sanción con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
Tras la votación en particular, el Gobierno logró que el proyecto fuera aprobado. Ahora pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El debate en la cámara alta
Una de las voces más críticas fue la senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, quien alertó sobre el impacto que podrían tener las modificaciones. “El agua es un recurso estratégico. El agua potable es fundamental para la siembra, para la vida”, sostuvo durante su intervención.
Además, advirtió sobre el interés internacional en este recurso y planteó dudas sobre la seguridad jurídica de la legislación vigente. En ese sentido, reclamó que el proyecto vuelva a comisión para un análisis más profundo: “¿Tanto cuesta escuchar?”, cuestionó.
Desde la oposición también hubo denuncias por cambios introducidos a último momento. El senador pampeano Daniel Bensusán criticó el procedimiento y aseguró: “Nos trajeron este papel hace cinco minutos. Otra vez lo mismo. Ya les pasó con la ley laboral y después dicen que entretuvieron a los que acompañan con una cosa para aprobar otra. Es una vergüenza”.
En la misma línea, el radical Maximiliano Abad adelantó su rechazo a la iniciativa y advirtió sobre posibles consecuencias judiciales. “Si este proyecto se convierte en ley, será plausible de muchos planteos de inconstitucionalidad”, señaló. También sostuvo que la propuesta presenta “graves consecuencias ambientales” y “muchas inconsistencias”.
Del lado del oficialismo, el senador Luis Juez confirmó su respaldo al proyecto y defendió su espíritu federal. “Este proyecto le devuelve a las provincias la autonomía que les corresponde sobre sus recursos naturales”, afirmó. Además, remarcó que la iniciativa respeta el marco constitucional y no vulnera garantías vigentes.
Por su parte, la senadora salteña Flavia Royón también defendió la reforma y rechazó las críticas sobre un eventual impacto negativo. “No se está entregando el agua”, aseguró, y explicó que los cambios buscan reforzar la protección mediante estudios específicos. “No es prohibir por prohibir. Sino que hay que proteger lo que realmente hay que proteger”, concluyó.
