La Asociación Civil de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires encendió una nueva luz de alerta dentro del conflicto salarial que atraviesa al Estado bonaerense. En una nota institucional enviada en febrero de 2026, los fiscales de primera instancia reclamaron una urgente recomposición de sus haberes al gobernador Axel Kicillof y a las máximas autoridades del Poder Judicial y del gabinete provincial, al advertir que la crisis salarial ya impacta de lleno en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y en la calidad del servicio de justicia.
El documento al que accedió #BORDER fue dirigido a la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan; al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; al ministro de Justicia, Juan Martín Mena; al ministro de Economía, Pablo López; al ministro de Trabajo, Jorge Walter Correa; y a la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila. La carta lleva la firma de Walter Martínez Soto, presidente de la Asociación Civil de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, entidad que nuclea a fiscales y fiscalas del fuero penal bonaerense y actúa como organización de representación institucional del sector.
En el texto, los fiscales describen un escenario que califican de “crítico” y “estructural”. Aseguran que un fiscal de primera instancia con cinco años de antigüedad no llega a una remuneración de 3,2 millones de pesos, cifra que, según plantean, no guarda relación con el nivel de responsabilidad, la dedicación exclusiva y la carga laboral que exige la función. Detallan, además, que el trabajo fiscal implica guardias ininterrumpidas los 365 días del año, disponibilidad absoluta las 24 horas, atención permanente por teléfono y la intervención urgente en hechos de elevada complejidad y sensibilidad social.
“El peor de los infiernos”
Fuentes del propio Ministerio Público Fiscal, consultadas en paralelo al reclamo institucional, pusieron números más crudos sobre la mesa: “El sueldo básico de un fiscal es de casi $1.400.000. Es menos que el de un empleado de comercio y, si lo comparamos con los bancarios, estamos en el peor de los infiernos”. La comparación busca reflejar la brecha entre los salarios judiciales y los de otros sectores sindicalizados con paritarias más dinámicas.
La carta advierte que el deterioro salarial ya está provocando consecuencias concretas: pérdida constante de personal, vaciamiento de recursos humanos y fuga de trabajadores capacitados hacia la Justicia Federal, la Justicia Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, donde las condiciones laborales y salariales resultan sensiblemente mejores. Según los fiscales, la Provincia invierte durante años en la formación de empleados y funcionarios que luego no logra retener, lo que implica no solo una pérdida de capital humano, sino también de recursos públicos destinados a capacitación.
Uno de los puntos más sensibles del planteo es el impacto en la carrera fiscal. El documento señala que, por primera vez en términos históricos, secretarios con idoneidad y preparación suficientes se resisten a rendir los exámenes para acceder al cargo de fiscal. El mensaje es directo: las responsabilidades del puesto ya no resultan proporcionales al salario ofrecido. En paralelo, los fiscales advierten sobre un fenómeno creciente de renuncias de funcionarios en actividad que optan por abandonar sus cargos ante la imposibilidad de sostener el nivel de exigencia con los ingresos actuales.
Independencia y autonomía en riesgo
El reclamo no se limita a lo salarial. Los fiscales alertan que el cuadro descripto compromete la independencia y la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal, pilares del sistema de persecución penal. Un organismo debilitado, sostienen, pierde capacidad para garantizar una investigación eficaz del delito y para proteger los derechos de la ciudadanía. En ese marco, la Asociación se ofrece a participar en mesas de diálogo y pide ser incorporada formalmente, al menos como veedora, en las negociaciones paritarias que involucren al sector.
El planteo se inscribe en un contexto político y económico mucho más amplio. La provincia de Buenos Aires mantiene paritarias abiertas con los gremios estatales, pero hasta ahora todas las ofertas del Gobierno resultaron insuficientes. La planta de personal bonaerense cerró 2024 y 2025 con aumentos por debajo de la inflación, y en lo que va de 2026 la tendencia no se revirtió. En 2024, con una inflación anual del 117,8% según el INDEC, los salarios estatales subieron 98,5% entre enero y noviembre, sin negociación en diciembre, lo que dejó una brecha cercana a los 20 puntos porcentuales. En 2025, la inflación cerró en 31,5% y la paritaria bonaerense terminó en 26,9%, con una diferencia de 4,6 puntos. En enero de 2026, la inflación fue del 2,9% y el aumento acordado con los gremios llegó al 2%; en febrero, una oferta del 3% fue rechazada por insuficiente y la negociación continúa abierta. Según fuentes gremiales, la pérdida acumulada del poder adquisitivo entre 2023 y diciembre de 2025 alcanzó el 26,26%.
El gobierno provincial atribuye las dificultades financieras al recorte de recursos desde la Nación. El ministro de Economía, Pablo López, sostuvo que desde la asunción de Javier Milei la Provincia perdió 22,2 billones de pesos por programas recortados, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica sobre la recaudación. En la misma línea, Kicillof afirmó que el rumbo económico nacional “asfixia a las provincias y a la producción”, y condiciona la autonomía presupuestaria de los distritos. La Casa Rosada, en cambio, sostiene el ajuste como parte de su política de superávit fiscal, lo que tensiona aún más la relación con los gobernadores.
Recursos escasos
El peso de la masa salarial en el presupuesto bonaerense aparece como uno de los principales condicionantes. Según el Presupuesto 2026, el 58% del gasto total de la Provincia se destina a salarios y jubilaciones, unos 24,6 billones de pesos para sostener al plantel estatal y al sistema previsional. En ese esquema, cualquier recomposición significativa exige recursos que, según el discurso oficial, hoy no están disponibles. Sin embargo, ese argumento no logra descomprimir el conflicto con los gremios, que ya anunciaron medidas de fuerza en distintos sectores.
El reclamo de los fiscales se suma así a un escenario de alta conflictividad: paro docente en la apertura de sesiones de la Legislatura, protestas de ATE por la demora en las paritarias y anuncios de medidas por parte de los judiciales. En ese clima, el malestar del Ministerio Público Fiscal funciona como un síntoma adicional de la crisis salarial que atraviesa al Estado bonaerense. “La paritaria menos esperada” también entró en ebullición y pone al Gobierno provincial frente a un dilema complejo: recomponer ingresos en un contexto de ajuste nacional o asumir el costo político e institucional de un sistema judicial cada vez más debilitado.
