Claudio "Chiqui" Tapia presentó un pedido de nulidad contra el llamado a indagatoria dispuesto por el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, en el marco de la investigación por una millonaria deuda impositiva.
A través de sus abogados, el presidente de la entidad argumentó que los cargos presentados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) carecen de sustento, afirmando que los montos reclamados ya fueron abonados y que, por lo tanto, no se configuró ningún ilícito penal. Esta movida busca frenar la comparecencia de Tapia, prevista para el jueves 5 de marzo.
Las claves de la causa
La denuncia original de ARCA apunta a una presunta maniobra de omisión como agente de retención. Según el organismo, la AFA retuvo montos correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes a la seguridad social, pero no los depositó en las arcas públicas dentro del plazo legal de 30 días.
-
El monto bajo la lupa: La cifra total de la supuesta evasión asciende a $19.353.646.843,85, acumulada entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
-
La figura penal: La ley prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes se apropien indebidamente de tributos que pertenecen al Estado.
-
Argumento oficial: Para ARCA, no se trata de fondos propios de la AFA, sino de "recursos ajenos" que la entidad debió girar al fisco de manera automática.
Los plazos fijos que complican a Tapia
Uno de los puntos más críticos del expediente es un informe técnico que analiza la solvencia de la asociación durante el período investigado. Según la justicia, la AFA contaba con los fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones:
-
Ingresos extraordinarios: En 2024 se registraron acreditaciones por $45.072 millones, mientras que en 2025 la cifra escaló hasta los $453.449 millones.
-
Inversiones financieras: El juez valoró que, mientras se omitía el pago de impuestos, la entidad constituía múltiples plazos fijos en pesos y en dólares, demostrando una "total posibilidad fáctica" de saldar la deuda.
La investigación también se apoya en el testimonio de la gerenta de Administración de la AFA, Mónica Bouvet, quien explicó la dinámica interna de los pagos. Según su declaración, ella informaba por correo electrónico los vencimientos y la deuda acumulada, pero la instrucción final para ejecutar los depósitos dependía exclusivamente de la conducción.
Además de Tapia, el tesorero Pablo Toviggino es otra de las piezas centrales de la imputación. Aunque su indagatoria fue postergada, ambos dirigentes tienen vigente una prohibición de salida del país, restricción que solo fue levantada temporalmente para Tapia bajo una caución de 5 millones de pesos para asistir a eventos de la Conmebol.
