Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, se adhirió formalmente al planteo de nulidad presentado por la defensa de Claudio "Chiqui" Tapia, en un intento coordinado por suspender las declaraciones indagatorias que debían comenzar esta semana en los tribunales del Fuero Penal Económico.
La causa investiga la presunta apropiación indebida de 19.300 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes no liquidados entre marzo y septiembre de 2024. Las defensas argumentan la "inexistencia de delito", sosteniendo que resoluciones vigentes del Ministerio de Economía y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eximían a la AFA de dichas obligaciones.
El cronograma de las indagatorias
Pese al intento de las defensas por declarar la nulidad de las citaciones hasta que la Cámara se expida, el juez Diego Amarante mantiene, por ahora, el calendario de comparecencias:
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Jueves 5 de marzo: Claudio "Chiqui" Tapia y la personería jurídica de la AFA.
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Viernes 6 de marzo: Gustavo Lorenzo, director general de la entidad.
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9 de marzo: Cristian Malaspina (Secretario General) y Víctor Blanco (ex Secretario General).
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11 de marzo: Pablo Toviggino (Tesorero), cuya defensa solicitó —sin éxito— realizar la audiencia vía videoconferencia.
La gravedad de la acusación ha llevado a la Justicia a imponer una prohibición de salida del país para todos los involucrados. En las últimas horas, el juez Amarante rechazó un nuevo pedido de Tapia para viajar a Venezuela, donde planeaba participar en la inauguración de un centro de alto rendimiento.
Sin embargo, el nombre de la AFA quedó ligado a la agenda venezolana por otro motivo: la entidad habría colaborado en la logística de traslado de Nahuel Gallo, el gendarme argentino liberado este fin de semana tras más de 400 días de detención arbitraria por el régimen de Maduro.
La estrategia de la defensa
El núcleo de la disputa legal reside en si la AFA actuó como agente de retención o si, por el contrario, existía una dispensa administrativa. Los abogados Lucio Simonetti y Norberto Frontini sostienen que no existe la obligación tributaria reclamada, por lo cual las indagatorias serían "nulas" al no haber un hecho ilícito que las sustente.
Por el momento, el fiscal Claudio Navas Rial y los representantes legales de ARCA deberán opinar sobre el planteo de las defensas antes de que el juez Amarante tome una decisión final sobre la suspensión o continuidad del proceso.
