Este martes, la Justicia Federal ratificó el llamado a indagatoria de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, desestimando los argumentos de sus abogados que sostenían la inexistencia de delito por supuesta cancelación de deuda.
La causa, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), investiga una maniobra sistemática de omisión de depósitos fiscales que ascendería a los $19.353 millones. Según el expediente, la entidad habría retenido fondos destinados al IVA, Ganancias y seguridad social sin transferirlos al Estado en los plazos legales.
La "Caja" de la AFA
Para sostener la imputación, el juez Amarante valoró un informe técnico sobre el flujo de fondos de la calle Viamonte que contradice la falta de liquidez como justificativo. Los números que complican a la dirigencia son contundentes:
-
Ingresos récord: En 2025, la AFA registró acreditaciones por más de $453.449 millones.
-
Diciembre de 2024: Solo en ese mes, la entidad percibió $45.072 millones.
-
Inversiones financieras: La Justicia detectó la constitución de múltiples plazos fijos en pesos y dólares mientras se acumulaba la deuda fiscal.
Testimonio clave
Un elemento determinante para el llamado a indagatoria fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerenta de Administración de la AFA. Su testimonio detalló cómo funciona la cadena de mando:
-
El área contable confecciona las declaraciones juradas y notifica los vencimientos vía mail.
-
Se envía un cuadro con la deuda acumulada como recordatorio a las autoridades.
-
La instrucción final de pago depende directamente de la firma de la triada principal: Presidente, Secretario y Tesorero.
Esta estructura de toma de decisiones es la que sitúa a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino en el centro de la responsabilidad penal, cuya figura prevé penas de dos a seis años de prisión.
A pesar de la prohibición de salida del país vigente para los imputados, el juez autorizó a Tapia a viajar por tres días a Brasil y Colombia para asistir a compromisos de la Conmebol. No obstante, para suspender temporalmente la restricción, el dirigente debió depositar una caución real de $5 millones como garantía de su regreso para la indagatoria.
