ARCA detectó presuntas irregularidades en una empresa vinculada al tesorero de la AFA

La firma vinculada a Toviggino es investigada por presunta evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y uso de sociedades fantasma.
Por: #BorderPeriodismo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hizo foco en irregularidades financieras y estructurales en Malte SRL, una firma que tiene vínculos con el círculo íntimo del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y que está sospechada por presunta evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y uso de sociedades fantasma.

De acuerdo con información que maneja el organismo, Malte SRL fue declarada como “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, tras detectar un mecanismo de funcionamiento asociado a empresas pantalla.

“Malte SRL carece de capacidad económica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales, presentando reiteradas inconsistencias en su actividad”, señaló el informe de ARCA.

Aludieron así a cambios frecuentes de domicilio fiscal, transferencias reiteradas de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles, con escasa trazabilidad y operaciones electrónicas y facturación abultada entre empresas vinculadas.

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Además, la empresa mantuvo una estructura de empleo con un solo un trabajador declarado en todos los períodos analizados, domiciliado en Buenos Aires, mientras que la sociedad fijó sus sedes en Santiago del Estero.

También llamó la atención de ARCA el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares realizado por Malte bajo la Ley 27.743 de sinceramiento fiscal.

“La sociedad registró operaciones de gran volumen con la Asociación de Fútbol Argentino, sin respaldo patrimonial ni personal operativo acorde a los montos involucrados”, se indicó.

En paralelo, el juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al tesorero Toviggino y otros miembros de la comisión directiva, en la causa por presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social que superan los 19.300 millones de pesos.

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Además, les ordenó medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país, ante la “gravedad de los hechos investigados y la severidad de la pena en expectativa” prevista en la legislación argentina.

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