La multinacional chilena HIF Global anunció la instalación de una planta de hidrógeno verde y e-combustibles en la localidad de Constancia, a 15 km al norte de Paysandú. Con una inversión estimada en USD 6.000 millones, el complejo busca producir unas 880.000 toneladas anuales de e-gasolina y e-metanol, utilizando energía eólica y solar para separar el hidrógeno del agua mediante electrólisis.
Aunque se presenta como una industria “limpia” y estratégica para la transición energética, el volumen de producción y la ubicación frente a la ciudad entrerriana de Colón despertaron fuertes cuestionamientos.
Los puntos de conflicto
Las comunidades locales y organizaciones ambientales plantean tres preocupaciones centrales. Por un lado, la contaminación visual y sonora, ya que la estructura industrial alteraría el paisaje costero, clave para la economía turística de Colón.
Otro punto importante es el impacto en un recurso esencial como el agua, el consumo intensivo del río Uruguay y los posibles efluentes generan alarma sobre el ecosistema compartido. Además, la iluminación nocturna podría afectar la fauna, especialmente aves, y la calidad de vida de los residentes argentinos.
En febrero de 2026, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, abrió una investigación por presunto daño ambiental. La denuncia cuestiona que Uruguay haya avanzado sin activar los mecanismos de consulta previa previstos en el Estatuto del Río Uruguay, lo que podría configurar un incumplimiento internacional.
Posturas oficiales
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el intendente de Colón pidieron la relocalización de la planta. Aclararon que no rechazan la inversión ni la tecnología, pero exigen que se ubique en un área que no afecte el turismo ni el ecosistema de la región de “Tierra de Palmares”.
Por el lado uruguayo, el gobierno defiende el proyecto como una prioridad nacional para atraer capitales. No obstante, la DINACEA solicitó a HIF Global que su estudio de impacto ambiental incluya mediciones sobre la costa argentina, lo que abre la puerta a ajustes o medidas de mitigación.
A casi 20 años del conflicto por las pasteras, ambos gobiernos buscan mantener el tema en canales diplomáticos y técnicos para evitar un nuevo “bloqueo de puentes”.
