La Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) otorgó por primera vez el estatus de refugiado a un ciudadano brasileño condenado por su participación en el ataque a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, episodio vinculado al intento de desestabilización contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El hombre se encuentra detenido en la Argentina desde noviembre de 2024, tras un pedido de extradición presentado por la Justicia brasileña. La decisión de concederle refugio fue informada este martes a su defensa, según consignaron la agencia EFE y medios como Folha de São Paulo y G1.
En su resolución, la Conare explicó que evaluó los antecedentes presentados por el solicitante y la situación del país de origen antes de adoptar la decisión. “Se han evaluado los hechos y circunstancias alegados y la prueba aportada, los que fueron confrontados con la situación objetiva del país de origen, todo lo cual permite encuadrar la solicitud formulada en las previsiones de los mencionados instrumentos legales, considerándose por tanto al peticionante necesitado de protección internacional como refugiado”, señaló el organismo.
La comisión —que funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio de Seguridad— aclaró además que el reconocimiento de la condición de refugiado “no implica un juicio de valor sobre la situación imperante en su país de origen y es un acto declarativo e imparcial”.
Borges Correa, de 47 años, había ingresado de manera irregular al país en abril de 2024. Meses después fue detenido durante un control vehicular, en el marco de un pedido de captura internacional con fines de extradición. Tras permanecer cerca de un año alojado en una unidad penitenciaria de Ezeiza, en diciembre pasado obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.
De acuerdo con su defensa, representada por el abogado Pedro Gradín, la resolución de la Conare debería derivar ahora en la suspensión del proceso de extradición. “Consideramos que es una resolución ejemplar desde el punto de vista técnico”, sostuvo el letrado, quien además argumentó que su cliente fue condenado en un contexto de persecución política y con vulneración de garantías.
La causa se da en un contexto más amplio: actualmente existen más de 300 pedidos de refugio en Argentina presentados por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que abandonaron Brasil tras ser investigados por el asalto a los edificios de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en enero de 2023.
En octubre de 2024, el Tribunal Supremo brasileño solicitó la extradición de 63 personas vinculadas con esos hechos que se encontraban en territorio argentino. Hasta el momento, la Justicia de Brasil condenó a más de 800 personas por el ataque, que buscó impulsar una intervención militar contra el gobierno de Lula, quien había asumido el poder apenas una semana antes.
