En un avance clave para las causas de lesa humanidad en Argentina, la Justicia Federal de Córdoba confirmó la identificación de los restos óseos de 12 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Los hallazgos, realizados en la zona de La Calera, corresponden a víctimas que habrían pasado por el Centro Clandestino de Detención (CCD) "La Perla", uno de los núcleos de represión más feroces del interior del país.

El descubrimiento es el resultado de un exhaustivo trabajo de campo iniciado en septiembre de 2025 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en colaboración con el Instituto de Medicina Forense provincial y especialistas en geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado N° 3, enfatizó que la difusión oficial de los nombres se realizará una vez que concluya el proceso de notificación privada a los familiares directos. Esta medida busca preservar la intimidad y el duelo de las familias tras décadas de incertidumbre. En el expediente intervienen la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, liderada por los auxiliares fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, quienes supervisan la cadena de custodia y los análisis genéticos que permitieron el cruce de datos con el Banco Nacional de Datos Genéticos.

La Perla

Ubicado en el kilómetro 12,5 de la Ruta 20, "La Perla" funcionó entre 1976 y 1978 como la base operativa de la represión bajo el mando del Tercer Cuerpo de Ejército. Se calcula que la población estimada de personas que permanecieron cautivas en sus instalaciones oscila entre las 2.000 y 2.500 víctimas, quienes estuvieron bajo la órbita del mando criminal de Luciano Benjamín Menéndez, el militar que acumuló trece condenas a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad antes de su muerte.

En la actualidad, el sitio funciona como un Espacio para la Memoria y la promoción de los Derechos Humanos, donde las excavaciones continúan en búsqueda de nuevas evidencias sobre el destino final de las víctimas que aún no han sido localizadas.

Las tareas de identificación combinaron análisis de antigüedad ósea, geofísica aplicada para la detección de remoción de suelos y el cotejo de ADN. La cooperación entre el Poder Judicial y la Universidad Nacional de Río Cuarto fue fundamental para delimitar las áreas de búsqueda en un terreno que, durante años, fue utilizado para ocultar crímenes estatales.