La crisis en la fábrica de neumáticos Fate ha traspasado la frontera de lo estrictamente laboral para entrar en un terreno de seguridad nacional. Tras el fallo judicial que frenó el desalojo de la planta de San Fernando, el presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, lanzó una advertencia desesperada a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN): la empresa ya no puede garantizar la seguridad de un acelerador lineal de electrones de uso industrial que se encuentra dentro del predio, debido a que las instalaciones están, según sus palabras, "usurpadas".
El equipo en cuestión es un acelerador de 500 KeV, una tecnología que requiere protocolos de seguridad radiológica y física extremadamente rigurosos. A través de una carta enviada a la ARN, Madanes Quintanilla deslindó responsabilidades sobre cualquier incidente, argumentando que la ocupación por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) impide el acceso del personal idóneo y el control de los materiales ionizantes.
El futuro de los trabajadores
Esta jugada de la empresa busca presionar sobre la peligrosidad de la permanencia de los huelguistas, justo después de que la Cámara de Apelaciones de San Isidro ratificara que la toma es un ejercicio legítimo del derecho a huelga y no un delito penal, revocando así la orden de expulsión de los trabajadores que resisten el despido de 920 operarios.
Para la justicia, el conflicto debe resolverse en el fuero laboral y no bajo la fuerza policial. Los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik recordaron en su fallo que la huelga está amparada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sin embargo, este respaldo judicial para el gremio vino acompañado de otro golpe financiero para Fate: el Ministerio de Capital Humano confirmó que multará a la empresa por no pagar los salarios durante la conciliación obligatoria.
La sanción, que podría ser millonaria, se calcula por cada uno de los trabajadores afectados. Desde la firma se defendieron argumentando que "el salario se abona contra trabajo realizado" y que, al estar la planta paralizada por el gremio, no corresponde el pago. No obstante, el Gobierno fue tajante al extender la conciliación hasta el 16 de marzo para forzar una mesa de diálogo en un clima que, lejos de enfriarse, se vuelve cada vez más inflamable.
Mientras la empresa insiste en negociaciones individuales para cerrar las desvinculaciones, unos 380 trabajadores aún se mantienen dentro del predio. Un dato no menor es que las indemnizaciones se están liquidando bajo el régimen legal anterior, más beneficioso que el actual tras la reforma laboral, un punto que Fate utiliza como incentivo para acelerar las salidas voluntarias.
