Absolvieron a la ex diputada Aída Ayala en una causa por supuesta corrupción

Había sido denunciada por irregularidades en un subsidio.
Por: #BorderPeriodismo

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de la ex diputada nacional Aída Ayala en una causa que la investigaba por posibles irregularidades en la entrega de un subsidio nacional al municipio chaqueño de Quitilipi.

El hecho sucedió en 2016 cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri.

La Sala IV rechazó el recurso del Ministerio Público Fiscal y dejó firme el fallo que había desvinculado de responsabilidad penal a la dirigente de origen radical. La decisión fue adoptada por los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia.

El máximo tribunal penal del país resolvió de esa forma mantener el pronunciamiento que había absuelto a la política chaqueña y también a los imputados Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte.

Ayala firmó el 28 de julio de 2016 un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Carlos Casalboni, mediante el cual se otorgó a esa comuna de Chaco un subsidio de casi un millón de pesos para la compra de herramientas y maquinaria.

Para el Ministerio Público Fiscal, ese financiamiento habría sido utilizado para direccionar la compra hacia la firma Service Hogar mediante una operatoria irregular que habría provocado un perjuicio económico al Estado por haber pagado valores “manifiestamente más elevados que los establecidos por el mercado”.

El caso llegó a debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, que dictó sentencia el 7 de julio de 2025 y decidió la absolución de Ayala, al considerar que no se había probado la existencia de algún delito.

El fiscal de juicio, Federico Carniel, había pedido una condena de cinco años de cárcel para la imputada, como responsable por el ilícito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

Pero los jueves señalaron que el trámite administrativo del subsidio había atravesado distintas instancias dentro del Ministerio del Interior y que no se comprobó que la cotización presentada por el proveedor fuera apócrifa.

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