La Cámara de Casación de la Ciudad revocó las condenas que habían recibido tres autoridades del geriátrico Apart Los Incas, ubicado en Belgrano, acusadas de manejo irresponsable del brote de COVID que había sido detectado en el hogar al inicio de la pandemia y que causó la muerte de diez adultos mayores.
Los beneficiados por este dictamen son los apoderados del establecimiento, Hugo Eduardo Visca y Luis Daniel Megyes, así como la médica responsable, Carla Lorena Raffo.
En su resolución, a la que accedió Todo Noticias, los jueces Carla Cavaliere e Ignacio Mahiques indicaron que no se logró demostrar con claridad que conductas específicas incumplieron los sospechosos ni cómo estas provocaron o facilitaron la propagación del virus.
Asimismo, aunque afirmaron la existencia de contagios dentro del lugar, señalaron que tampoco pudo comprobarse la posibilidad de un resultado distinto si se hubiera actuado de otra manera.
Además, los magistrados valoraron la falta de pruebas en contra tanto de Visca como de Megyes respecto a haber tenido conocimiento directo de irregularidades y haber omitido actuar ante casos sospechosos. También destacaron que hayan delegado funciones en personal especializado, como la médica y el equipo del geriátrico. En el caso de Raffo, indicaron que tampoco existió evidencia sobre incumplimientos determinantes.
A modo de conclusión, consideraron que el escenario excepcional de la pandemia más la falta de pruebas concretas, impide que ellos atribuyan responsabilidad penal, más allá de toda duda razonable. Por ende, declararon que la condena no pudo sostenerse.
En diálogo con el medio citado, el abogado de Visca, Rafael Cúneo Libarona, sostuvo: "Mi defendido atravesó el proceso con mucha altura. Jurídicamente sabíamos que teníamos razón. Pero también lamento mucho el fallecimiento accidental de los residentes".
"Es el único caso penal en la Argentina por las consecuencias del Covid y estoy muy orgulloso de haber conseguido la absolución respetando el dolor de los demás", añadió, a continuación.
Detalles del caso
El comienzo de la causa se remonta a los primeros meses de la pandemia, cuando se detectaron contagios masivos dentro del geriátrico y el SAME desplegó un amplio operativo para trasladar a los residentes. Conforme a la investigación judicial, 28 de los 33 jubilados contrajeron COVID y diez de ellos fallecieron.
La querella planteó que existieron tanto problemas en las organización del aislamiento como demoras en la implementación de los protocolos sanitarios, y que estos factores contribuyeron a agravar la expansión del virus en una población de riesgo.
Las defensas, en cambio, sostuvieron que el brote ocurrió en un contexto de gran incertidumbre, cuando había poco conocimiento sobre el COVID.
En junio del año pasado, el Tribunal Oral N°12 los condenó a dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación por su responsabilidad en el manejo del brote. Sin embargo, el dictamen de la Cámara de Casación porteña dejó sin efecto las penas.
