El pasado 23 de febrero, lo que parecía ser una convivencia familiar en el interior de Misiones se desmoronó cuando una denuncia radicada en Córdoba activó las alarmas de la justicia de San Vicente. Una mujer de 34 años viajó desde la provincia mediterránea con una prueba irrefutable: una serie de audios de WhatsApp donde su hermana menor, quien padece una discapacidad motriz, relataba los sistemáticos abusos que sufría en su propia casa.
La reconstrucción del caso, que hoy tramita en el Juzgado de Instrucción N°3, dibuja un escenario de sometimiento absoluto. De acuerdo con el expediente, la madre de la víctima, identificada como N. C. S., habría convertido el cuerpo de su hija en una suerte de "propiedad privada". Bajo la escalofriante premisa de que la joven "le pertenecía", la mujer está acusada de permitir que su pareja y un círculo de amigos accedieran a la vivienda para abusar de ella.
Amenazas y encierro
El testimonio de la denunciante revela que la víctima intentó pedir auxilio meses antes, pero se topó con una muralla de crueldad. La respuesta de la madre habría sido una amenaza directa: si hablaba, la internarían en un instituto y le quitarían su teléfono celular, su único cordón umbilical con el mundo exterior.
A este aislamiento se sumaba una violencia verbal constante. Según la causa, la imputada hostigaba a su hija con frases despectivas, instándola incluso a quitarse la vida, mientras ejercía tocamientos propios y facilitaba el ingreso de los agresores externos.
Tras las pericias médicas y la declaración de la víctima realizadas el 10 de marzo, la Justicia ordenó la detención inmediata de la madre. Al ser citada a indagatoria, la mujer se amparó en su derecho constitucional de no declarar, aunque permanece bajo custodia imputada por abuso sexual simple agravado por el vínculo.
Sin embargo, el círculo de responsables aún no está cerrado. La policía de Misiones mantiene un fuerte despliegue para localizar a dos hombres que cuentan con pedido de captura por abuso sexual con acceso carnal. Los investigadores se encuentran analizando dispositivos móviles secuestrados, bajo la sospecha de que la red de abusos en San Vicente podría involucrar a más personas que operaban con el consentimiento de quien debía proteger a la víctima.
