El gobierno de Rusia introdujo cambios en los protocolos de salud reproductiva que generaron polémica por el trato diferenciado entre mujeres y hombres. El Ministerio de Sanidad actualizó los lineamientos de los chequeos médicos e incorporó una recomendación específica: las mujeres que manifiesten no querer tener hijos deberían recibir atención psicológica.
Las modificaciones forman parte de un procedimiento voluntario de detección de salud reproductiva que puede realizarse una vez al año. Dentro de ese esquema, se actualizó el cuestionario que deben completar los pacientes.
En el caso de las mujeres, el formulario incluye 61 preguntas, tres de ellas vinculadas a la salud reproductiva. La última plantea: “¿Cuántos hijos le gustaría tener, incluyendo los que ya nacieron?”. Según el nuevo protocolo, si la respuesta es negativa, “se recomienda que sea remitida a un psicólogo clínico”.
El tratamiento para los hombres, en cambio, presenta diferencias. El cuestionario masculino consta de 26 preguntas, también con tres sobre salud reproductiva, pero no contempla la derivación a un especialista en caso de que el encuestado no desee tener hijos. Además, la formulación cambia: “¿Cuántos hijos le gustaría tener (teniendo en cuenta los que ya tiene), dadas sus circunstancias actuales?”.
El titular del Comité de Salud de la Duma Estatal, Serguéi Leónov, defendió la iniciativa en declaraciones al medio Gazeta.ru. “Una mujer tiene derecho a decidir cómo vivir su vida. Sin embargo, si por alguna razón no desea tener hijos, un psicólogo puede ayudarla a comprender los motivos. Quizás tenga dificultades en sus relaciones con el sexo opuesto o algún otro problema”, afirmó.
Estas medidas se inscriben en una política más amplia del Estado ruso orientada a incentivar la natalidad, en un país con baja densidad poblacional y extensas regiones poco habitadas.
En ese marco, hacia fines de 2025 la Justicia rusa aplicó la primera multa por incitación al aborto a un hombre que se oponía a ser padre de gemelos por motivos económicos. En paralelo, clínicas de distintas regiones enfrentaron presiones oficiales para renunciar a sus licencias para practicar interrupciones del embarazo.
