El juez de Campana Adrián González Charvay ordenó una serie de allanamientos en las dos sedes principales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicadas en la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, y en el predio de Ezeiza, conocido como Predio Lionel Andrés Messi.
Los operativos, realizados por Prefectura, buscan documentación clave vinculada a los contratos firmados entre la AFA y la empresa TourProdEter LLC, encabezada por Javier Faroni y Erica Gillete. Esta firma tenía a su cargo la representación de los negocios internacionales de la Selección argentina.
Además, la Justicia intenta reconstruir la trazabilidad de los fondos utilizados en la compra de una quinta en Pilar, bajo sospecha de haber sido financiada con dinero proveniente de esos acuerdos.
La propiedad, valuada en 17 millones de dólares, es uno de los ejes centrales de la investigación. Según la causa, habría sido adquirida mediante testaferros por presuntos dirigentes de la AFA. El expediente, que se expandió a distintas jurisdicciones por su complejidad, apunta a determinar si existió un esquema de desvío de fondos.
TourProdEter actuaba como agente exclusivo para la gestión y cobro de contratos internacionales. De acuerdo con la documentación judicial, la empresa tenía a su cargo “la representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Selecciones Nacionales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y/o patrocinio que celebre AFA en el exterior”. Por estos servicios, percibía una comisión del 30%, más un 10% adicional por logística.
La denuncia fue impulsada por los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, quienes señalaron la existencia de una presunta red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del sistema bancario argentino.
A su vez, documentación aportada por la Justicia de Estados Unidos indicaría posibles transferencias hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, lo que refuerza las sospechas sobre el manejo de los fondos.
Actualmente, el caso se tramita en paralelo en distintos juzgados: el de Campana, el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de Paula Petazzi. Frente a este escenario, González Charvay planteó la necesidad de unificar las investigaciones para evitar resoluciones contradictorias.
La definición quedará en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver en las próximas semanas si el expediente por la quinta de Pilar continúa en Campana o regresa al juzgado penal económico de la Ciudad de Buenos Aires. La audiencia para escuchar a las partes fue fijada para el 30 de marzo a las 11:30, luego de que el tribunal aceptara la queja del Ministerio Público Fiscal.
