El fiscal federal Eduardo Taiano emitió este viernes un descargo formal para despejar sospechas sobre el manejo de la evidencia en el caso $LIBRA. La investigación, que gira en torno a la fallida criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei en febrero de 2025, tiene hoy su foco principal en el contenido extraído del teléfono móvil de Mauricio Novelli, sindicado como el lobista clave de la operación.
Taiano fue tajante al reafirmar su "compromiso con el avance de la investigación" y subrayó que todas las medidas adoptadas buscan resguardar la eficacia del proceso y la preservación de datos sensibles frente a lo que calificó como "inquietudes generadas por filtraciones".
Para contrarrestar las acusaciones de ocultamiento de prueba, la fiscalía detalló la cronología exacta del procesamiento del material tecnológico realizado por la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal):
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17 de noviembre de 2025: Recepción del informe preliminar. Taiano aclaró que este documento era "orientador" y de carácter privado, ya que el trabajo técnico aún figuraba como "en curso".
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13 de enero de 2026: Entrega del informe final con conclusiones rigurosas a la fiscalía.
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24 de febrero de 2026: Tras la carga en el sistema de gestión judicial (Lex 100), la información quedó oficialmente disponible para todas las partes.
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6 de marzo de 2026: Se produce la difusión pública de documentación vinculada a la causa, hecho que el fiscal resalta como posterior a la disponibilidad judicial de la prueba.
El fiscal también se refirió a la polémica citación de testigos vinculados a la filtración de datos de los imputados. Explicó que dicha medida quedó sin efecto luego de que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, iniciara un sumario administrativo y una denuncia penal (causa N° 1007/2026) para investigar la irregularidad en la cadena de custodia de la información.
Desde las defensas de Novelli y Manuel Terrones Godoy, ya se barajan estrategias para plantear la nulidad de la evidencia. Sin embargo, fuentes judiciales relativizan esta posibilidad: "El estudio de la DATIP ya estaba cargado en el sistema y a disposición de los abogados defensores antes de que apareciera en los medios, lo que convalida el procedimiento", señalaron.
A diferencia de un peritaje tradicional, donde intervienen peritos de parte desde el inicio, el análisis de la DATIP es un estudio técnico riguroso solicitado directamente por la fiscalía tras la apertura de los dispositivos secuestrados por orden del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
