Este miércoles, el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la firma de la ministra Alejandra Susana Monteoliva, oficializó una ampliación normativa que permite aplicar el derecho de admisión a eventos deportivos a personas que hayan protagonizado disturbios en manifestaciones políticas.
La resolución, publicada el 25 de marzo en el Boletín Oficial, surge como respuesta directa a los graves incidentes registrados en la Plaza del Congreso durante las protestas contra la reforma laboral. Según los informes de la Policía Federal, los manifestantes detenidos utilizaron bombas molotov, objetos punzocortantes y proyectiles contra las fuerzas de seguridad, causando heridas al personal y daños a bienes públicos.
La novedad radica en la modificación de la Resolución N° 354-E/2017. Hasta hace poco, estas restricciones se limitaban casi exclusivamente al ámbito del fútbol. Sin embargo, la nueva normativa establece que:
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Alcance nacional: Las restricciones rigen para todo evento masivo y deportivo en el país.
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Independencia del lugar: Se sancionará a quienes incurran en conductas violentas "con independencia del lugar y la naturaleza de la reunión".
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Prevención integral: Al cruzar los datos de violentos en marchas con el programa Tribuna Segura, el Ministerio busca neutralizar a sujetos peligrosos antes de que ingresen a un estadio.
En sintonía con este endurecimiento, el Ministerio también oficializó una sanción específica para un hincha del Club Atlético Argentino de Mendoza. Se trata de Flavio Fernando Sosa, quien tendrá prohibido el acceso a cualquier estadio de Argentina por los próximos dos años.
El hecho que motivó la sanción ocurrió el 5 de enero de 2026, durante un encuentro del Torneo Regional Amateur frente a la Fundación Amigos por el Deporte (FADEP). Según el informe de la Dirección de Planeamiento Operativo de Mendoza, Sosa fue detenido tras sustraerle el cubre cabeza a un efectivo policial y liderar disturbios en las gradas.
Desde la cartera de Seguridad explicaron que estas "restricciones de concurrencia administrativa" son herramientas preventivas que corren por un carril independiente de las causas penales que puedan afrontar los involucrados. El objetivo es consolidar una base de datos de individuos que alteren el desarrollo seguro de eventos masivos, otorgando a la justicia y a las fuerzas de seguridad facultades inmediatas de exclusión.



