El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió un revés por parte del juez Diego Amarante, quien denegó su solicitud para ausentarse del territorio nacional durante dos meses. La decisión se enmarca en la causa penal que investiga la presunta retención indebida de $19.300 millones en conceptos de impuestos y aportes a la seguridad social.
A pesar de que la defensa de Tapia esgrimió argumentos basados en el derecho a la libre circulación y una "conducta procesal irreprochable", el magistrado fue tajante al señalar la falta de sustento en la presentación.
Los motivos del rechazo
El pedido de Tapia pretendía una autorización excepcional a partir del próximo 20 de marzo, una vez vencido su permiso actual. Sin embargo, el juzgado detectó inconsistencias insalvables en el requerimiento: El magistrado advirtió una "indeterminación de los destinos" y la ausencia de una agenda institucional cerrada. Según el fallo, las constancias presentadas no logran probar la "necesidad ni la urgencia" del mecanismo excepcional pretendido. Amarante aclaró que, si bien en el pasado se otorgaron permisos, esta nueva solicitud difiere por su carácter impreciso, lo que obstaculiza el control judicial sobre el imputado. "La imprecisión de los motivos alegados impide realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente", sostuvo el juez en su resolución.
La defensa de Tapia
Desde el entorno legal del presidente de la AFA, se buscó minimizar el riesgo de fuga. Los abogados subrayaron que su cliente se puso a derecho de inmediato, prestó declaración indagatoria sin dilaciones y posee un fuerte arraigo en el país.
Asimismo, intentaron justificar el viaje mediante invitaciones y compromisos propios de su rol como máximo dirigente del fútbol argentino, citando precedentes donde otros tribunales autorizaron medidas similares para evitar un "desgaste jurisdiccional" por pedidos reiterados.
La investigación que mantiene a Tapia bajo restricciones ambulatorias gira en torno a una supuesta maniobra de retención de fondos que debían ser destinados al fisco y al sistema previsional. Se estima una cifra cercana a los $19.300 millones, la imputación es una presunta infracción a la Ley Penal Tributaria. El dirigente puede permanecer en el país y cumplir sus funciones, pero cualquier salida al exterior debe ser validada minuciosamente por el tribunal, previa acreditación de destino y duración.
