Diputadas libertarias denunciaron violencia digital y extorsión por parte de empresarios de medios

La Justicia amplió las medidas de restricción contra los responsables de portales digitales acusados de difundir imágenes íntimas y notas difamatorias contra legisladoras libertarias.
Por: #BorderPeriodismo

La jueza Vanesa Peluffo resolvió ampliar la restricción de contacto a favor de la diputada libertaria Celeste Ponce, en el marco de la causa que investiga a los empresarios Mario Casalongue, Ulises Cuenca y Santiago Sautel, dueños de los portales Agencia Nova, La Postal de Mar del Plata y Realpolitik. La medida se suma a la denuncia presentada por Lilia Lemoine y otras dirigentes, quienes acusan a los imputados de difundir imágenes íntimas y material manipulado con fines de humillación y extorsión.

Según el expediente, las publicaciones incluían fotos privadas obtenidas de dispositivos robados o directamente editadas, acompañadas de notas difamatorias que buscaban presionar a las legisladoras para obtener beneficios económicos, especialmente en materia de publicidad oficial.

La decisión de la Justicia

La Justicia ordenó la baja, bloqueo y desindexación de esos contenidos en buscadores y plataformas, mientras la fiscalía a cargo de Leonel Gómez Barbella avanza en la investigación para determinar si se configura el delito de extorsión.

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El caso expone un fenómeno creciente: la violencia digital contra mujeres en política, donde la difusión de imágenes íntimas y la manipulación de contenidos se utilizan como herramientas de hostigamiento y presión.

Las diputadas libertarias remarcaron que estas prácticas no solo afectan su vida privada, sino que buscan condicionar su labor legislativa y deteriorar su imagen pública. En ese sentido, la causa se inscribe en un debate más amplio sobre la necesidad de regular y sancionar la violencia digital como una forma contemporánea de violencia de género.

Reacciones y medidas cautelares

Desde el entorno de las legisladoras se destacó la importancia de la decisión judicial como un paso hacia la protección efectiva frente a ataques digitales. La restricción de contacto impide a los empresarios mencionados cualquier tipo de acercamiento físico o virtual hacia las denunciantes.

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Además, se evalúa la posibilidad de ampliar las medidas cautelares a otras dirigentes que también habrían sido víctimas de publicaciones difamatorias en los mismos portales.

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