Argentina votó en contra de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que califica la trata de esclavos como "el crimen de lesa humanidad más grave" de la historia, junto a Estados Unidos e Israel. Se trató de los únicos tres votos negativos.
La iniciativa, impulsada por Ghana, contó, además, con 123 votos a favor y 52 abstenciones, entre las que se destacan varios países europeos como España, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Alemania. De esta forma, evidenciaron distintas posturas sobre cómo abordar las responsabilidades y reparaciones vinculadas a este legado histórico.
Por su parte, de acuerdo a EFE, el representante de Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), Dan Negrea, explicó el motivo de su elección: "Estados Unidos no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales en virtud del derecho internacional en el momento en que se produjeron".
Asimismo, afirmó que el texto promueve agendas "específicas" y fomenta la creación tanto de nuevos grupos de trabajo como de "costosos" informes, algo para lo que "no se creó" la ONU. Sin embargo, aclaró que mantiene una "firme oposición y condena de los agravios históricos derivados de la trata transatlántica de esclavos".
Los detalles de la resolución
El documento subraya las profundas consecuencias sociales, económicas y culturales derivadas de siglos de tráfico forzado y explotación sistemática de personas africanas y afrodescendientes. También plantea que, a pesar del tiempo transcurrido, los efectos del delito persisten en forma de racismo estructural, desigualdades, exclusión social y subdesarrollo.
En ese sentido, analiza regímenes legales históricos de diferentes imperios y potencias coloniales que institucionalizaron la esclavitud y, de esa forma, generaron un legado de sufrimiento, trauma emocional, alteraciones culturales y discriminación que persiste hasta la actualidad.
Una de esas medidas es el "asiento de negros" de la Corona española, que mercantilizaba a las personas africanas dentro de un monopolio comercial estatal hace más de quinientos años (su origen data de 1518).
Además, se menciona el concepto portugués de "pieza de indias", que cuantificaba a mujeres, niños y ancianos como fracciones de un esclavo varón adulto, y la Carta de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales de 1621, que clasificaba a los africanos como bienes muebles comerciables bajo el derecho romano-neerlandés.
La resolución, asimismo, reconoce la ausencia de un marco integral de reparaciones para las víctimas y sus descendientes, a diferencia de otros grupos afectados por violaciones graves a los derechos humanos.
De hecho, en ese contexto, solicita la restitución inmediata, sin restricciones y sin costo, de bienes culturales, piezas de arte y documentos históricos que poseen valor para los países africanos de origen y fueron saqueados durante la dominación colonial. Esta demanda es un reclamo histórico de naciones africanas y afrodescendientes.
Finalmente, insta a los Estados miembros de la ONU a reconocer la especificidad y gravedad de estos crímenes, promoviendo mecanismos de restitución y reparación que aún no se han implementado, y reafirma la necesidad de enfrentar el neocolonialismo, la discriminación y las desigualdades raciales que afectan a las personas de ascendencia africana en la actualidad.
