El Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso del proyecto denominado “Ley de Hojarascas”, una iniciativa que busca derogar más de 70 normas consideradas obsoletas, redundantes o incompatibles con el marco constitucional vigente.
Impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la propuesta retoma un intento previo presentado en 2024 que perdió estado parlamentario sin ser tratado.
El objetivo central del proyecto es simplificar y actualizar el entramado legal argentino mediante la eliminación de disposiciones que, según el Ejecutivo, entorpecen el funcionamiento del Estado moderno y restringen de manera innecesaria derechos y actividades.
En esa línea, la iniciativa apunta a depurar el sistema jurídico de regulaciones que han quedado desfasadas frente a los cambios sociales, económicos y tecnológicos.
Los criterios del Gobierno para eliminar leyes
El texto retoma los fundamentos elaborados en octubre del año pasado, que incluyeron un relevamiento de normas vigentes desde 1864 hasta la actualidad. A partir de ese análisis, se establecieron seis criterios para justificar la derogación o modificación de más de 80 leyes, decretos y artículos.
Entre los argumentos oficiales, se destaca que la acumulación de legislación sin utilidad práctica genera burocracia y costos adicionales tanto para ciudadanos como para empresas.
Además, se advierte que algunas de estas normas han sido utilizadas históricamente para obstaculizar actividades legítimas, restringir libertades fundamentales o consolidar privilegios incompatibles con un Estado de derecho.
El proyecto enumera ejemplos concretos de regulaciones consideradas anacrónicas o superadas. Entre ellas, menciona disposiciones vinculadas a la microfilmación de documentos oficiales, la exigencia de contar con un “carnet de mochilero”, o la penalización de denuncias contra el Estado ante organismos internacionales. También incluye leyes que crearon fondos, premios u organismos que dejaron de funcionar o nunca se implementaron.
Asimismo, se identifican normas que perdieron vigencia por la sanción de legislaciones más modernas, como la antigua regulación sobre vacunación contra la viruela, desplazada por la Ley N° 27.491, o la Ley N° 3.863 sobre seguros agrícolas, que quedó sin efecto tras la derogación del viejo Código Civil.
El avance tecnológico también dejó atrás varias disposiciones, como las que regulaban la microfilmación en las Fuerzas Armadas o la Ley N° 21.895 que autorizaba la televisión a color, hoy irrelevante en el contexto de la comunicación digital.
Otro eje del proyecto apunta a normas que, según el Ejecutivo, vulneran principios constitucionales o limitan libertades individuales. Se citan como ejemplo la Ley N° 14.034, que penalizaba a quienes promovieran sanciones contra el país, y la Ley N° 20.120, que habilitaba la supervisión estatal de reuniones privadas en espacios cerrados.
También se incluyen disposiciones que generan cargas burocráticas innecesarias o crean estructuras inoperantes, como la obligación de registrar mapas para uso comercial o la multiplicación de comisiones y fondos sin actividad real. En ese sentido, el Gobierno señala que incluso regulaciones menores, como el sorteo de premios en salas de cine, implican costos administrativos superiores a sus beneficios.
Finalmente, el proyecto propone eliminar normas vinculadas a organismos ya disueltos y revisar el financiamiento estatal de entidades sectoriales, que deberían sostenerse con recursos propios.
