El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, que revocó la sentencia de USD 16.000 millones por la nacionalización de YPF, marcó un hito en la historia legal del país. Sin embargo, la algarabía oficial convive con una realidad técnica ineludible: Argentina todavía tiene pendiente un "pasivo contingente" que supera los USD 10.000 millones en diversas jurisdicciones internacionales.
Este complejo tablero judicial se divide en tres grandes frentes: el remanente del default de 2001, los reclamos por la alteración de estadísticas públicas y los laudos arbitrales por expropiaciones.
1. El complejo frente de los Cupones PBI
Es actualmente el flanco más activo y peligroso. Los demandantes sostienen que el gobierno de Cristina Kirchner alteró la fórmula de cálculo del PBI en 2013 para evitar el pago de los cupones. Argentina ya cuenta con una condena firme por USD 1.450 millones más intereses por la versión en euros del bono. Recientemente, los acreedores solicitaron ampliar este reclamo por otros 1.600 millones de euros correspondientes a años adicionales. La jueza Loretta Preska tiene en su escritorio tres causas por las versiones en dólares. El fondo Aurelius Capital lidera una embestida que, entre reclamos nuevos y acumulados, busca compensaciones por cerca de USD 6.000 millones.
2. La herencia del 2001
A pesar de los canjes masivos de deuda, persiste un núcleo duro de fondos que nunca aceptaron las propuestas argentinas. Según el FMI, este remanente representa una contingencia de USD 2.400 millones. Bainbridge y Attestor: Recientemente, estos fondos llegaron a un acuerdo para repartirse USD 100 millones de un colateral de bonos Brady que estaba congelado en Nueva York. Aunque es un avance, todavía quedan sentencias pendientes de ejecución por montos que rondan los USD 500 millones.
3. Expropiaciones y el CIADI
Argentina acumula laudos en contra por la estatización de Aerolíneas Argentinas (USD 390 millones) y reclamos de empresas energéticas como AES (USD 716 millones) y Mobil (USD 196 millones) por la pesificación de contratos. También figura la constructora Webuild (USD 147 millones) por el congelamiento de peajes.
La anulación del caso YPF evitó lo que hubiera sido una catástrofe para las reservas del Banco Central, ya que representaba casi el 60% del total de las demandas externas.
