La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresa en un desfiladero judicial que podría redefinir el mapa del poder en el país. En los próximos días, los tribunales de Comodoro Py y el fuero Penal Económico dictarán resoluciones determinantes sobre el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino.
Los frentes de batalla son dos: una millonaria deuda impositiva que involucra a otros presidentes de clubes y una investigación por presunto lavado de activos detrás de una propiedad de lujo que la política observa con lupa.
1. Los aportes
El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, tiene sobre su escritorio el destino procesal de Tapia y Toviggino. La imputación gira en torno a la falta de pago en tiempo y forma de $19.300 millones en concepto de impuestos y aportes patronales.
En la causa también figuran nombres de peso en el esquema de la AFA: Víctor Blanco, expresidente de Racing Club. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.
Aunque la defensa esgrimió que la deuda fue cancelada a posteriori, la Justicia evalúa si la configuración del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social ya fue consumada. Cabe recordar que la relación entre Tapia y el juez Amarante es tensa: el magistrado le mantiene la prohibición de salir del país y ha dejado constancia de sus suspicacias tras los últimos pedidos de autorización del dirigente para viajar al exterior.
2. El misterio de la mansión de los USD 17 millones
El segundo frente es, quizás, el más escandaloso por su despliegue de lujo. Se trata de una propiedad en Villa Rosa (Pilar) que cuenta con helipuerto, haras y una colección de autos de alta gama.
La propiedad figura a nombre de Real Central S.A., una firma integrada por el monotributista Luciano Pantano (exdirigente de Futsal y Almirante Brown) y su madre jubilada, Ana Conte. Para los investigadores, ambos funcionarían como "testaferros", ya que no existe una justificación económica que explique cómo adquirieron un patrimonio de tal magnitud.
La disputa por el expediente: Este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal debe decidir qué juez se queda con la causa. El conflicto de competencia enfrenta al Juzgado Federal de Campana (donde la defensa de Pantano logró radicar el caso) y al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, donde el fiscal Carlos Cearras reclama que regrese para una investigación más profunda.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunciante en la causa, ha elevado la temperatura del caso al recusar a la jueza de Casación Ángela Ledesma. Carrió sostiene que la magistrada tiene vínculos con el senador santiagueño Gerardo Zamora, a quien asocia estrechamente con Toviggino.
Además, la referente política solicitó que el camarista Carlos Mahiques declare como testigo. El pedido surge tras versiones que indican que Mahiques habría celebrado su cumpleaños en la mencionada mansión, motivo por el cual ya se apartó de la Sala I de Casación para evitar conflictos de interés.
