La justicia de Santa Fe avanza a paso firme para reconstruir las horas previas al sangriento episodio que conmocionó a la localidad de San Cristóbal este lunes. En un avance clave para la causa, fuentes oficiales confirmaron que el abuelo de G.D. (el adolescente de 15 años señalado como el tirador) reconoció ante las autoridades que la escopeta utilizada en el ataque es de su propiedad.
Según el testimonio del familiar, el arma se encontraba en su domicilio hasta la noche del domingo, lo que refuerza la hipótesis de que el joven la sustrajo pocas horas antes de ingresar al establecimiento educativo.
Mientras la Policía de Santa Fe y la fiscal de menores Carina Gerbaldo recogen pruebas, el foco social se desplaza hacia la convivencia escolar. El testimonio de un padre de una alumna de 5° año introdujo una variable crítica en el expediente: el presunto acoso sistemático que sufría el atacante. "Para algunos es solo molestarse, pero lo que le pasaba a este chico era mucho", declaró el testigo en una entrevista televisiva, asegurando que G.D. era víctima de una clara situación de bullying.
Lo más alarmante, sin embargo, fue la revelación de una amenaza previa que nadie reportó. De acuerdo con este relato, la semana pasada el joven habría advertido en plena clase que "iban a morir todos". El aviso, escuchado por varios compañeros, no fue judicializado ni derivó en una intervención institucional hasta que el horror se hizo presente en el patio del colegio.
Estado de salud de los heridos y víctimas
El saldo definitivo del ataque fue la muerte de Ian Cabrera, un niño de 13 años que fue alcanzado por los disparos durante el inicio de la jornada. Respecto a los sobrevivientes:
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En Rafaela: Dos alumnos permanecen internados en el Hospital Regional. Uno de ellos, de 13 años, ingresó en "código rojo" por la gravedad de las lesiones, aunque se encuentra lúcido y estable.
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En San Cristóbal: Otros seis estudiantes recibieron atención médica por heridas superficiales y perdigones, encontrándose todos fuera de peligro.
El expediente, que cuenta con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela, busca determinar responsabilidades civiles sobre los tutores del menor y el propietario del arma. E
