El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una investigación judicial tras adquirir un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230 mil dólares, en una operación que despertó interrogantes por su esquema de financiamiento.
La compra se concretó el 18 de noviembre de 2025 y, de acuerdo con el Registro de la Propiedad Inmueble, la unidad cuenta con casi 200 metros cuadrados. El inmueble pertenecía a Beatriz Viegas (72 años, domiciliada en Flores) y a Claudia Sbabo, quienes no solo actuaron como vendedoras sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares. Cada una aportó el 50% del préstamo, permitiendo completar la operación.
Según detalló La Nación, el informe registral indica que la deuda quedó formalmente inscripta a nombre de las dos jubiladas, quienes figuran como acreedoras en partes iguales. Antes de esta transacción, la propiedad había pertenecido al exfutbolista Hugo Alberto Morales.
Ese mismo mes, Adorni realizó otra operación inmobiliaria: la compra de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, este inmueble figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.
La situación generó más dudas a partir de su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en la que no consignó la venta de un inmueble previo en Parque Chacabuco. Este punto encendió alertas sobre posibles inconsistencias en la evolución de su patrimonio.
En este contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo diversas medidas de prueba en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Entre los pedidos figuran informes a registros de propiedad, automotores y movimientos financieros, con el objetivo de detectar activos no declarados tanto del funcionario como de su entorno familiar.
La fiscalía fundamentó el avance de la investigación en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del jefe de Gabinete, según consta en el expediente.
La diputada Marcela Pagano impulsó una denuncia en la que sostuvo que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal. Además, señaló inconsistencias en sus declaraciones juradas, entre ellas la supuesta omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos.
También mencionó la incorporación de 24.500 dólares en efectivo, que el funcionario atribuyó a préstamos familiares.
Uno de los ejes centrales de la investigación es la operatoria del departamento en Caballito, financiado mediante un crédito hipotecario otorgado por las propias vendedoras. La Justicia busca determinar la legalidad del mecanismo, el origen de los fondos y eventuales vínculos entre las partes.
