La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por el Gobierno nacional y ratificó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a implementar la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y la recomposición salarial docente.
Esta medida exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, los cuales establecen la actualización de los salarios para docentes y no docentes de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción definitiva de la ley, prevista para septiembre de 2025. Además, se solicita la recomposición de todos los programas de becas para estudiantes universitarios.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron infundados los argumentos del Estado, que calificaba la medida cautelar como una “sentencia definitiva encubierta”.
En su fallo, destacaron que el impacto fiscal derivado de esta aplicación es bajo y no compromete significativamente el interés público, sino que protege un derecho fundamental reconocido en la Constitución: la educación superior pública.
La cautelar fue dictada en diciembre de 2024 por el juez federal Enrique Cormick, tras una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades públicas.
El magistrado sostuvo que el Decreto 759/2025, que suspendía la ejecución de la ley 27.795 hasta la definición de recursos específicos, presentaba “rasgos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Asimismo, señaló que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” debido a la demora en la aplicación, la cual impactaba negativamente en el funcionamiento de las universidades.
El Gobierno calificó la decisión judicial como “arbitraria”, argumentando que la ley requiere una definición previa de sus fuentes de financiamiento y la incorporación de las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
Según el Ejecutivo, esta cuestión corresponde al Congreso y no al Poder Judicial. También advirtió sobre posibles efectos negativos en el equilibrio fiscal, argumento que fue rechazado por la Cámara en su resolución.
El conflicto tomó gran trascendencia entre 2024 y 2025, con masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales en las principales ciudades, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, y con réplicas en diversas provincias.
En octubre de 2024 y nuevamente el 17 de septiembre de 2025, cientos de miles de personas participaron en marchas bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, manifestando su rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que ya contaba con aprobación parlamentaria.
