El Gobierno apelará el fallo que volvió a ordenarle la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. También exigió actualizar los salarios docentes y no docentes, recomponer becas y sostener partidas para investigación.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la cautelar sobre la ley 27,795, promulgada el 21 de octubre de 2025. De acuerdo con la información de Ignacio Salerno para Todo Noticias, desde el Ejecutivo planean apelar ante esta Cámara mediante la presentación de un recurso extraordinario federal.
No obstante, como esperan el rechazo de esa forma, luego elevarían la queja a la Corte Suprema de Justicia. En este momento, según el medio citado, los equipos jurídicos de Nación trabajan sobre los expedientes y preparan la estrategia judicial. Al mismo tiempo, definen una salida administrativa.
Igualmente, fuentes del oficialismo aseguran que cumplirán con el monto establecido en la ley, pero no de la forma ordenada en la misma. Esto significa que no enviarán todo el costo reglamentado en el presupuesto anual, pero si transferirán lo mínimo requerido por mes para llegar a ese número. De esta forma, tratan de evitar que ese dinero se traduzca en un gasto mayor en el presupuesto.
El conflicto más grande se centra en los 5 y 6 de la norma, en los que se establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, en un porcentaje no inferior a la inflación de ese período, así como recomponer todos los programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del IPC.
Fuentes del entorno del presidente, siempre conforme a la información del periodista mencionado, remarcan que la ejecución plena de la Ley de Financiamiento Universitario implica un impacto fiscal que quieren dosificar.
Por eso, Nación había dictado el decreto 759/2025 luego de que se promulgara la ley. Con esta medida, intentaron frenar su aplicación bajo el argumento de que antes debían especificarse las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes. Actualmente, la Justicia volvió a objetar este planteo.
Además, el Ejecutivo buscará modificar la normativa, en el mediano plazo, con un nuevo proyecto en el Congreso. El mismo no tiene el objetivo de derogarla sino de reemplazar el esquema de actualización automática por otro más limitado.
