La disputa judicial internacional por la expropiación de YPF volvió a encender el escenario político y económico tras el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó la entrega del 51% del paquete accionario de la compañía a los fondos demandantes. En ese contexto, el presidente de la petrolera, Horacio Marín, se pronunció por primera vez y dejó una frase que generó sorpresa: “La jueza falló a favor de YPF y en contra de la República”.
Durante su aparición en el streaming de Neura, Marín evitó profundizar sobre el fallo pero aclaró que, desde su posición como CEO, no puede intervenir políticamente: “Yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado Nacional. La jueza falló a favor de YPF. No puedo opinar”.
Marín se enfocó en inversiones y buscó despegar a la empresa
Más allá de la causa judicial que sacude al país, Marín confirmó que esta semana esperan cerrar una inversión privada clave para el desarrollo del Oleoducto Vaca Muerta Sur. “Estamos haciendo la obra más grande que se haya hecho en Argentina, de US$3.000 millones. Lo vamos a hacer y va a haber financiamiento”, aseguró el titular de la empresa estatal.
Sus declaraciones apuntaron a reforzar la idea de que YPF no está paralizada ni directamente comprometida con el fallo judicial, al menos en lo operativo. Sin embargo, el impacto reputacional y jurídico recae directamente sobre el Estado Nacional, que ahora enfrenta una embestida múltiple en la justicia de Estados Unidos.
Milei responsabilizó al kirchnerismo y confirmó la apelación
La reacción del Gobierno nacional no se hizo esperar. El presidente Javier Milei cargó duramente contra la gestión de Axel Kicillof, a quien responsabilizó directamente por la situación. “Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, afirmó a través de su cuenta de X.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que la Casa Rosada ya solicitó la suspensión del fallo y que trabajan en la apelación ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Calificó la sentencia como “jurídicamente inaplicable”, al contradecir la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso para la transferencia de acciones, y al desconocer la inmunidad soberana del Estado.
Según explicó Adorni, las acciones no están en manos del Estado y no son legalmente transferibles, por lo que el fallo carece de efecto práctico hasta que haya una decisión firme en segunda instancia.
