A poco más de un año de haber celebrado el triunfo electoral sobre el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una tormenta institucional sin precedentes. La oposición unificada en el Congreso busca activar, por primera vez desde la Reforma Constitucional de 1994, el mecanismo de moción de censura para remover de inmediato al funcionario de su cargo, acusándolo de haberle mentido al Parlamento sobre su cuestionada declaración jurada patrimonial.
Con la firma de varios bloques, la oposición ya convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo martes 23 de junio, la cual incluirá en su temario seis pedidos de interpelación. En paralelo, el Partido Justicialista apura una estrategia similar en el Senado para acelerar su destitución.
Falta de confianza y duras acusaciones políticas
Los cuestionamientos hacia el ministro coordinador apuntan al quiebre de la confianza institucional. El diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, denunció ante Infobae que Adorni “le mintió al Congreso” al brindar su informe de gestión, incurriendo en contradicciones que semanas después reconoció en televisión. “El Jefe de Gabinete es el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo; se necesita un vínculo de confianza. Hoy esa confianza no existe”, sentenció.
Por su parte, Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria y autor del primer proyecto de moción de censura, argumentó: “Hace 100 días que el gobierno está enredado en esta novela. Todo lo que Adorni dijo en el Congreso fue desmentido por sus propias acciones anteriores. Desde el punto de vista político, no cuenta con la confianza del pueblo argentino ni de ninguna de las cámaras”.
Desde el oficialismo intentan bajarle el tono a la embestida y confirmaron que Adorni asistirá a la Cámara de Senadores a principios de julio para cumplir con su informe de gestión. “La moción no debería suceder porque Manuel va a presentarse como corresponde”, señalaron desde la mesa política de La Libertad Avanza.
Cómo es el complejo mecanismo de remoción
Cuatro destacados abogados constitucionalistas detallaron los pasos de este procedimiento, al que calificaron como "extenso" pero de un "alto costo político" para el Gobierno. Cualquiera de las dos cámaras debe aprobar primero el pedido de interpelación por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. Esto obliga al funcionario a presentarse a dar explicaciones. Una vez concretada la interpelación, se habilita la votación de la moción propiamente dicha. Para que la destitución sea efectiva y de cumplimiento inmediato, tanto el Senado como la Cámara de Diputados deben votar a favor por mayoría absoluta.
El debate técnico más álgido entre los especialistas radica en qué sucedería si el Congreso logra echar a Adorni. Mientras que la Secretaría Parlamentaria contempla que el presidente Javier Milei tendría la facultad de volver a designarlo, los constitucionalistas disienten profundamente.
Daniel Sabsay calificó la herramienta como un control de "efectos limitados" y con un proceso larguísimo, advirtiendo que el Presidente podría intentar restituirlo. Félix Lonigro consideró el artículo 101 de la Constitución como "un mamarracho mal redactado" y señaló que "se hará camino al andar porque nunca se usó", aunque opinó que el mandatario debería quedar inhabilitado de nombrarlo otra vez.
Andrés Gil Domínguez sostuvo que la destitución implica una "pérdida de confianza irreversible", por lo que el funcionario no podría retornar mientras dure el actual mandato presidencial o la composición del Congreso. Gustavo Ferreyra fue más drástico y advirtió que si Milei vuelve a firmar el nombramiento de Adorni tras ser censurado, incurriría en "mal desempeño", lo que abriría las puertas a un juicio político contra el propio Presidente por alterar las bases del control parlamentario.
