La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionó con dureza el fallo del fuero Civil y Comercial Federal que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. En un comunicado oficial, la entidad advirtió que la medida “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”, y representa un retroceso en materia de derechos constitucionales.
La resolución responde a una cautelar presentada por el Gobierno, que denunció una presunta operación de inteligencia ilegal. El fallo ordena el cese inmediato de la circulación de los audios en medios y redes, alegando que se trata de una violación a la privacidad institucional. Desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró la decisión judicial: “La Justicia reconoció que no se trata de libertad de expresión, sino de una violación grave a la privacidad”.
Debate constitucional: ¿protección o censura?
ADEPA remarcó que, según estándares internacionales, las restricciones preventivas a la publicación de contenidos solo son admisibles en casos excepcionales. Citó expresamente la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que “toda medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”.
La entidad subrayó que el Estado puede investigar y sancionar delitos, pero no impedir que la ciudadanía acceda a información de interés público. “Las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional”, concluyó.
Una causa con ramificaciones políticas
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad y apunta contra el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. Se los vincula con una presunta red de manipulación digital con fines de desestabilización. La causa tramita en el Juzgado Federal N.º 12 y contempla la posibilidad de que los audios hayan sido editados antes de su difusión.
ADEPA advirtió que este tipo de medidas “afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden, o no, influir en la formación de la opinión pública”.
