La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación ante la decisión del Gobierno de impedir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada.
ADEPA destacó que el acceso permanente de la prensa a la sede del Poder Ejecutivo es una práctica institucional consolidada que nunca había sido interrumpida de forma generalizada.
Según la organización, la presencia de periodistas en Casa Rosada no es un simple trámite, sino una condición esencial para garantizar el derecho de la sociedad a informarse sobre las acciones del gobierno.
En relación con los argumentos oficiales que justifican la medida por una investigación de presunto espionaje ilegal, ADEPA reconoció la existencia de causas judiciales en curso, pero advirtió que “la existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo”.
La asociación expresó que las restricciones colectivas al acceso a la Casa de Gobierno representan un límite indebido al trabajo de los periodistas y al flujo de información. En ese sentido, subrayó que tales decisiones no deben entorpecer la cobertura habitual de la actividad oficial.
Además, ADEPA vinculó esta medida con principios fundamentales del sistema democrático, al señalar que “la decisión adoptada, además, impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático”.
El pedido de ADEPA
La suspensión del ingreso se produjo tras dejar sin efecto la prórroga de las credenciales vigentes mientras el Gobierno avanza en una investigación interna. Fuentes oficiales calificaron la medida como “preventiva”, cosa que en la práctica implica el cierre temporal de la sala de prensa de Casa Rosada y la interrupción del acceso habitual de los cronistas.
Ante esta situación, ADEPA instó a las autoridades a revisar con urgencia la decisión para restablecer las condiciones normales de trabajo para los periodistas acreditados. El pedido busca preservar tanto la transparencia institucional como el ejercicio pleno de la libertad de prensa.
En esa línea, la entidad consideró que el acceso regular a las dependencias oficiales es clave para el control público de la gestión y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Por el momento, el Gobierno no ha comunicado plazos específicos para normalizar el acceso ni detalló las condiciones bajo las cuales se reestablecerá el esquema de acreditaciones.
