En las últimas horas, Alberto Fernández utilizó sus perfiles digitales para dedicarle un afectuoso saludo a su hijo menor, Francisco, fruto de su relación con Fabiola Yáñez. "Poder acompañarte en tu crecimiento... nada me hace más feliz que tu felicidad", escribió Fernández junto a una fotografía reciente.

Sin embargo, el clima de celebración personal contrasta con la tensión que rodea a su equipo legal. Este lunes, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal llevará adelante una audiencia determinante para el futuro procesal del exjefe de Estado en la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gestión.

La audiencia en Comodoro Py

Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky serán los encargados de escuchar los argumentos de la defensa de Fernández. El objetivo de la audiencia es revisar el procesamiento dictado por el juez de primera instancia bajo la figura de negociaciones incompatibles con la función pública.

El eje del conflicto legal se centra en el Decreto 823/2021, una normativa firmada por Fernández que obligaba a los organismos públicos a contratar pólizas con Nación Seguros, lo que —según la hipótesis fiscal— habría facilitado la entrada de intermediarios privados (brokers) que cobraron comisiones millonarias.

La investigación judicial, que ya cuenta con el aval de la Cámara Federal, sostiene que existió una red de corrupción que benefició a figuras cercanas al entorno presidencial.

• Los beneficiarios: El foco está puesto en el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria de Fernández, María Cantero.

• Las cifras: Se estima que las comisiones bajo sospecha alcanzaron los $2.200 millones, representando aproximadamente el 60% del mercado de pólizas públicas en ese periodo.

• Medidas cautelares: Actualmente, el expresidente pesa sobre un embargo preventivo de $14.600 millones y mantiene una prohibición de salida del país.

La abogada Mariana Barbitta, representante de Alberto Fernández, buscará impugnar la decisión del juez Sebastián Casanello. La defensa argumenta que el procesamiento es "arbitrario" y sostiene que se le imputaron delitos que no fueron debidamente planteados durante la instancia de declaración indagatoria.

Fernández reiteró en diversas oportunidades que desconocía cualquier maniobra ilícita y que la centralización de los seguros buscaba "proteger los activos del Estado", negando vínculos directos con las ganancias de los intermediarios.