El Poder Ejecutivo Nacional formalizó este lunes asistencia financiera para la provincia de Córdoba por un monto máximo de $400.000 millones, bajo la modalidad de adelanto de fondos de la coparticipación federal de impuestos. La disposición, plasmada en el Decreto 584, responde a una solicitud expresa de la administración que lidera el gobernador Martín Llaryora para hacer frente a tensiones de liquidez de carácter estacional y compromisos vinculados al perfil de vencimientos de la deuda pública provincial.

Con la inclusión del distrito mediterráneo, la cantidad de jurisdicciones del país que debieron recurrir a este mecanismo de financiamiento de corto plazo asciende a 16 durante el ejercicio fiscal en curso. La medida busca amortiguar el impacto del ajuste macroeconómico global y doméstico sobre las arcas provinciales, en un contexto de marcada contracción de la recaudación fiscal y de fuerte restricción en los canales de financiamiento alternativos.

Las condiciones de la asistencia: tasa fija y devolución en 2026

De acuerdo con los considerandos de la normativa oficializada por la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía, el giro de los fondos está sujeto a estrictas pautas de control financiero y capacidad de repago:

• Cancelación perentoria: El pasivo contraído por la provincia deberá ser devuelto en su totalidad antes de que concluya el actual ejercicio económico, específicamente con fecha límite al 31 de diciembre.

• Interés regulado: El desembolso efectivo devengará una tasa de interés nominal anual (TNA) fija del 15%, la cual comenzará a computarse a partir del momento en que los recursos sean acreditados en las cuentas provinciales.

• Retención automática: Para garantizar el reembolso del capital e intereses, el Tesoro nacional queda facultado a aplicar descuentos directos y periódicos sobre las transferencias diarias automáticas que le corresponden a Córdoba por el régimen de coparticipación.

El mapa de las provincias auxiliadas por el Tesoro Nacional

El uso de los adelantos de coparticipación se ha consolidado a lo largo del año como el principal canal de auxilio regulado ante el virtual congelamiento de otras partidas discrecionales. Con la última actualización presupuestaria, la distribución geográfica de los distritos alcanzados por el programa se compone de la siguiente manera:

Caída histórica en los giros discrecionales a las provincias

La recurrencia de los gobernadores a este tipo de herramientas de liquidez técnica coincide con una drástica reducción de las transferencias no automáticas ejecutadas por la administración central. Un informe privado elaborado por la consultora económica Politikon Chaco reveló que durante el pasado mes de junio las partidas discrecionales hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sufrieron una contracción en términos reales del 87,7% interanual, totalizando apenas $48.300 millones.

Este recorte sistemático consolidó un desplome del 61,8% real durante el primer semestre del año en comparación con el mismo período del ejercicio previo. La caída posiciona el flujo de giros no automáticos de la primera mitad del año en su nivel histórico más bajo desde el año 2005, lo que explica la necesidad de los estados subnacionales de apelar a mecanismos formales de adelanto para equilibrar sus respectivas ejecuciones presupuestarias trimestrales.